La práctica ausencia de reglas ha hecho de este intercambio trasnacional una de las actividades más contaminantes: millones de toneladas –11,23 millones en 2017, según el servicio estadístico de la ONU– recorren cada año el planeta embarcadas en contenedores de mercancías sin estar sujetos a reglas. Pero los 187 países que forman parte del Convenio de Basilea han decidido modificar ese tratado para regular este tráfico y evitar así que las naciones en desarrollo sigan recibiendo desechos plásticos sin control.
Los 187 países miembros del Convenio de Basilea, el tratado medioambiental que regula los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, acordaron hace una semana modificar ese acuerdo para poner en marcha una regulación para el plástico. “Se intenta poner orden en el caos”, resume Martín-Novella.
La nueva regulación, que se aplicará a partir de 2021, se pone en marcha a través de varias enmiendas al Convenio de Basilea que obligarán a que los desechos se clasifiquen y que se separen en muchos casos. “Las enmiendas son un primer paso para combatir el vertido de residuos plásticos de los países desarrollados en el Sur Global y la contaminación”, explica por correo electrónico desde Malasia la activista Mageswari Sangaralingam. “Los exportadores tendrán que obtener el consentimiento de los países de destino antes de enviar la mayoría de desechos plásticos contaminados, mezclados, o imposibles de reciclar”, apunta esta miembro de Amigos de la Tierra.
Noruega impulsó esta modificación. Sin embargo, China fue la nación que puso el foco sobre el problema hace año y medio. Según los datos de la ONU, en 2017 China –incluyendo Hong-Kong como una puerta de entrada también a ese país– importó 7,7 millones de toneladas de residuos plásticas, lo que supuso casi el 60% de todo lo exportado en el mundo. Pero en 2018 el Gobierno de Pekín decidió cerrar casi por completo la puerta a esas basuras, lo que provocó un terremoto internacional. “China se quejaba de que se le enviaban plásticos con residuos tóxicos o que no se podrían reciclar”, explica Martín-Novella. “Con sus restricciones el problema se ha acumulado en los países desarrollados y se ha trasladado a otros países como Filipinas, Malasia o Indonesia”, añade.
A principios de este mayo se celebró en Ginebra la decimocuarta reunión de los 187 países miembros del Convenio de Basilea, una cita que se celebra cada dos años. Este convenio tiene muy bien definidas las reglas de la exportación e importación de los residuos peligrosos. El problema, explica Martín-Novella, es que este tratado se creó hace tres décadas. “Y los plásticos no eran un problema entonces como ahora”. En 1989, cuando se cerró Basilea, la producción anual mundial era de 100 millones de toneladas. En 2016, se llegaba ya a los 335 millones de toneladas de plástico, según los datos de Plastics Europe. “Los plásticos no estaban en el radar en los ochenta”, insiste Martín-Novella, “y estos residuos se han movido libremente hasta ahora creando un problema de descontrol y contaminación”.
Aunque aún se está a la espera de que se termine la redacción de las enmiendas al convenio, los cambios acordados supondrán la creación de categorías de desechos con diferentes exigencias. Los residuos peligrosos deberán ser tratados prioritariamente en el país de origen. “Y los no reciclables no se podrán exportar”, añade Martín-Novella. Además, se ha elaborado un largo listado de plásticos mezclados que necesitarán un permiso previo del país receptor para poder ser exportados. Todas estas normas, en resumen, harán que se deba “identificar qué va dentro de los contenedores”, explica Martín-Novella.
“Se asegurará la trazabilidad”, añade Óscar Hernández, gerente de la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico (Anarpla). “Es una mejora tanto para el medio ambiente como para los trabajadores”, añade. “La industria se tendrá que adaptar y desarrollar plásticos que se puedan separar o reciclar”, valora Martín-Novella.
