Hasta ahora, fumar marihuana o tomarse un whisky eran infracciones más graves que abusar de una mujer, un delito que ni siquiera estaba mencionado en el Estatuto General que rige la UNAM desde hace 75 años.
Pero la semana pasada, la universidad más importante de México y la mayor de toda Latinoamérica, ha dado un paso inédito: el Consejo Universitario ha aprobado una reforma del estatuto para incorporar a la violencia de género como una infracción grave, merecedora de castigo, aunque no establece qué sanciones le corresponden.
Esta reforma, que entrará en vigor a partir de este lunes 17 de febrero, parece ser la vía que encontró la institución para tratar de salir del punto muerto en el que se encuentra desde noviembre, cuando grupos feministas comenzaron a tomar los establecimientos y a exigir una respuesta ante la violencia de género. El Consejo ha aprobado también la modificación de un artículo del estatuto para garantizar la paridad de género en el Tribunal Universitario, el máximo órgano que imparte justicia en la universidad. Aún así, no parece que ninguna de las dos medidas vaya a poner un fin definitivo al conflicto.
Para Brenda Medina, profesora auxiliar del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) —que lleva sin clases desde principios de noviembre por la huelga de sus estudiantes—, las reformas son insuficientes. Una de las exigencias, explica, era que se establecieran sanciones específicas para el acoso, el abuso y la violación, algo que no ha sucedido. Jorge Volpi, encargado de Difusión Cultural de la UNAM, asegura que esa modificación se tratará en marzo, ya que la propuesta no llegó a tiempo a la Comisión de Legislación del Consejo Universitario. Medina dice también que desde la FFYL propusieron que el Tribunal Universitario sea independiente o, al menos, que las estudiantes puedan participar, y que eso tampoco se ha tenido en cuenta. Este jueves, una alumna de la universidad arremetió contra el presidente de ese Tribunal, Eduardo López Betancourt, acusándolo de hostigamiento y acoso durante una conferencia.
Los casos de abuso sexual, los crímenes contra las mujeres y la inseguridad dentro de la UNAM no son nuevos; son el reflejo de un país que cuenta un promedio de 10 feminicidios diarios, según las estadísticas oficiales. Pero ahora la problemática parece haber llegado a un punto de quiebre, tanto afuera como adentro de la institución. En 2016 se activó el protocolo contra la violencia de género en la universidad y desde entonces ha habido 1.104 denuncias por abuso y acoso sexual, de las que se han procesado menos de la mitad. Desde 2018, seis mujeres han sido asesinadas en la UNAM. Las reformas impulsadas este miércoles, aunque muchas activistas las consideren insuficientes, dan esperanza a una comunidad desgastada por la impunidad y el miedo cotidiano.
La Preparatoria 9 lleva más de 90 días en paro. Esta escuela ha sido de las más criticadas por la supuesta violencia de las manifestantes. Las barricadas formadas con mesas y pupitres permanecen a las puertas del plantel, situado al norte de la capital mexicana. El escenario es de posconflicto. En el camino hacia la sala dormitorio de las alumnas hay basura y cristales rotos. Antes de subir las escaleras, un muro se muestra repleto de fotografías de profesores y alumnos señalados por acoso o por violación a estudiantes. Algunas se repiten hasta en cinco ocasiones.
Desde su despacho de la UNAM, Jorge Volpi afirma que la universidad está tomando conciencia sobre la desigualdad y violencia de género gracias a las movilizaciones feministas que han sacudido al país los últimos años. “La Universidad tiene que actuar ya, pero ojalá estos movimientos deriven en una toma de conciencia de nuestra sociedad, que provoca, admite, tolera y encubre la violencia de género. Es, sin duda, una prioridad”.