Polonia ha dado este jueves un paso más para limitar los derechos reproductivos de las mujeres. El Tribunal Constitucional, controlado por jueces afines al partido en el Gobierno, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), ha emitido un fallo en el que considera inconstitucional la interrupción del embarazo en caso de que el feto sufra una malformación o enfermedad irreversible. Hasta la fecha, este era uno de los tres supuestos permitidos en la ya de por sí restrictiva legislación polaca y representaba en torno al 97% de los 1.110 abortos practicados de manera legal en el país el año pasado, según los datos oficiales.
Decenas de mujeres se concentraron este jueves frente al tribunal durante la deliberación de los magistrados. La decisión llega a partir de la petición de un grupo de 119 diputados conservadores, en su mayoría pertenecientes al PiS, que en diciembre de 2019 presentaron por segunda vez la moción ante el Constitucional (la anterior quedó en suspenso al finalizar la legislatura previa). Durante la lectura del fallo la presidenta del Tribunal, Julia Przylebska, les daba la razón al considerar que una disposición que “legaliza las prácticas eugenésicas en el campo del derecho a la vida de un niño que va a nacer y hace que el derecho a la vida de este dependa de su salud, lo que constituye una discriminación directa, (...) es inconsistente (...) con la constitución”, recoge Reuters.
La ley de Planificación Familiar polaca, de 1993, se encontraba ya entre las más restrictivas de Europa —solo por detrás de Malta, San Marino y Andorra, donde el aborto no es legal en ningún supuesto— y permitía esta práctica, además de en el caso de malformación fetal, si el embarazo era producto de una violación o incesto y cuando la vida de la madre corría peligro.
Desde la Federación Internacional de Planificación Familiar en Europa (IPPF) destacan la gravedad del fallo. “No se trata solamente de derechos”, afirma por teléfono Irene Donadio, portavoz IPPF, “con esta decisión estamos poniendo en peligro la salud y la vida de las mujeres”, señala. La IPPF denuncia, además, que el acceso al aborto en los otros dos supuestos resulta en la práctica mucho más complicado. “Es un paso más hacia la oscuridad, en línea con la petición de algunos diputados hace unos meses de retirar a Polonia del Convenio de Estambul [la convención del Consejo de Europa sobre prevención y lucha de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica]”, insiste. En el mismo sentido se pronuncia Leah Hoctor, directora regional para Europa del Centro de Derechos Reproductivos, quien considera que el pronunciamiento “infringe las obligaciones de Polonia en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos de abstenerse de medidas que hagan retroceder los derechos de las mujeres en la atención de la salud sexual y reproductiva". “Eliminar el fundamento de casi todos los abortos legales en Polonia equivale prácticamente a prohibirlos y viola los derechos humanos”, señalaba por su parte a través de Twitter la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic. “La decisión significa abortos clandestinos o en el extranjero para quienes puedan permitírselo, y una prueba todavía mayor para las demás. Día triste para los derechos de las mujeres”, añadía.
El fallo del Tribunal, denuncian las organizaciones civiles, revela una vez más la falta de independencia de los jueces. Para Malgorzata Szuleka, abogada de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, desde el punto de vista legal el principal problema radica en la composición del Constitucional. “Entre los magistrados que juzgaban hoy, hay tres que fueron nombrados por el Parlamento —controlado por el PiS— sin una base legal válida”. En los últimos cuatro años, apunta Szuleka, todos los casos politizados se resolvieron en sintonía con la opinión del partido en el Gobierno. Además, los medios han señalado en numerosas ocasiones la amistad existente entre la presidenta del Tribunal y el líder del PiS y actual viceprimer ministro, Jaroslaw Kaczynski. El problema tampoco es nuevo. Las sucesivas reformas judiciales llevadas a cabo por Ley y Justicia desde su llegada al poder en 2015 han enfrentado al Ejecutivo con la Unión Europea, que considera que estas ponen en peligro el Estado de derecho en el país al socavar la separación de poderes. En abril pasado, el Tribunal de Justicia europeo suspendió la actuación del órgano creado en 2017 para aplicar un régimen disciplinario a los jueces, ya que consideraba que este no garantizaba ni la independencia ni la imparcialidad del sistema.
Para Marta Lempart, activista y una de las integrantes del movimiento Huelga Nacional de Mujeres en Polonia, el posicionamiento del Tribunal no ha supuesto ninguna sorpresa. Argumenta que en un organismo “politizado”, el fallo sirve para “desviar la atención” en un momento en el que el país atraviesa el peor momento de la pandemia de covid-19, con récord de infecciones diarias (12.107) y 168 muertos en las últimas 24 horas. Y advierte de que el movimiento se prepara para dar la batalla y seguirá apoyando a las mujeres que busquen interrumpir su embarazo.
“Cuando toda Europa va en una dirección, en Polonia, de esta manera tan poco democrática, se va hacia la otra”, opina Donadio, quien aboga por una solución comunitaria para detener la “deriva polaca”. “Hoy es Polonia, pero mañana podría ser cualquier otro miembro de la UE. Necesitamos un mecanismo mucho más fuerte para proteger a los ciudadanos”, apunta en referencia a la vinculación de los fondos europeos y el presupuesto con el cumplimiento del Estado de derecho.
Según una encuesta de IBRiS recogida por Europa Press, alrededor del 50% de los polacos apoya la legislación actual sobre aborto. En un país donde más del 92% de sus 38 millones de habitantes son católicos, casi un 30% estaría a favor de que se flexibilizara la ley, mientras que otro 15% desearía que el acceso a la interrupción del embarazo se prohibiera por completo.
Los intentos para restringir el acceso al aborto no son nuevos desde la llegada de los ultraconservadores al Gobierno. PEl más reciente fue el pasado mes de abril, durante la primera ola de la pandemia y cuando las concentraciones ciudadanas estaban prohibidas. El Congreso debatió entonces un proyecto de Ley (una iniciativa ciudadana de la organización provida Stop Aborto que llevaba paralizada en la Cámara baja desde 2018 tras una fuerte movilización social) para eliminar el supuesto de malformación fetal de la legislación. Sin incumplir las limitaciones, las mujeres se organizaron a través de Internet, hicieron sonar el claxon de los coches de forma sincronizada a modo de protesta y se manifestaron mientras hacían cola para entrar en las tiendas. En aquel momento, el PiS optó por aparcar el procedimiento votando a favor de enviar la propuesta a comisión parlamentaria.
