A pesar del tener estatus de protección del Estado, áreas de la Patagonia chilena destinadas a la conservación no están libres de salmoneras. Organizaciones sociales y ambientales exigen una ley más restrictiva.

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No quieren que se repitan los episodios de contaminación, florecimiento de algas nocivas y muerte masiva de peces, que deterioran el medio ambiente y la imagen de la Patagonia. Más de 40 organizaciones sociales y medioambientales, chilenas e internacionales, exigen mayor regulación y una ley que retire las concesiones acuícolas de áreas protegidas. "La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha enfatizado que, en áreas marinas protegidas, las actividades de impacto, como la salmonicultura, son incompatibles con los objetivos de conservación para los que se creó el área y no debieran existir en su interior”, dice a DW Maximiliano Bello, asesor ejecutivo de Políticas Públicas del Océano de la organización Mission Blue.

La realidad en la Patagonia chilena es otra: "De alrededor de 1.500 concesiones salmoneras, 415 están otorgadas al interior de áreas protegidas, aunque no todas operativas”, indica Juan Carlos Viveros, de la organización Defendamos Chiloé, en diálogo con DW. Para la bióloga Flavia Liberona, "es incompatible” que el Estado otorgue y permita mantener concesiones acuícolas en zonas destinadas a la conservación. La directora ejecutiva de FundaciónTerram dice a DW que, según normas chilenas, las concesiones salmoneras dentro o aledañas a un área protegida deberían ser evaluadas con un estudio de impacto ambiental y no debieran estar enparques nacionales. Sin embargo, "las hay en parques nacionales y en otras categorías de áreas protegidas, sin contar con este requisito. La legislación es muy laxa y ni siquiera se cumple”, dice. Como ejemplo, explica que para tener actividades productivas, toda reserva debiera contar con un plan de manejo establecido por el Estado, pero "la Reserva Nacional Guaitecas está llena deconcesiones salmoneras, a pesar de que no tiene un plan de manejo. Nunca debieron haberse podido instalar ahí”.

Superposición de objetivos

Esteban Ramírez, gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón de Chile (Intesal), ente técnico de la asociación gremial Salmon Chile, que reúne al 60% de la producción nacional con diez productores de salmón y representa a más de 50 empresas proveedoras, indica a DW que, de las 400 concesiones ubicadas en reservas, la mayoría están en el área de la Reserva para el Ciprés de las Guaitecas, región de Aysén.

En su opinión, en este caso "el objeto de conservación no presenta incompatibilidades con la salmonicultura. Esta reserva fue creada en la década de 1940, cuando quedó de manera ambigua la regulación del área marítima”. Ramírez señala que la superposición entre áreas protegidas y de acuicultura se dio porque estas últimas se establecieron en los años ´80, cuando no existían parques nacionales ni reservas marinas en zonas con concesiones acuícolas. Al declarar las reservas, "no incorporaban cuerpos de agua o su objeto de protección no presentaba incompatibilidad alguna”, observa el representante de Intesal.

Crecimiento explosivo de la industria

Los expertos ambientalistas apuntan también a la presión sobre los ecosistemas que impone el acelerado crecimiento de la salmonicultura. En cuatro décadas, Chile se ha convertido en el segundo productor mundial, después de Noruega. "De acuerdo con datos oficiales, entre 1990 y 2020 la producción de esta industria creció en un 3600%. Es más de un 117% en promedio al año, lo que implica un gran impacto ambiental. Están las mareas rojas, el uso de antibióticos y químicos, los vertederos, los escapes, y se trata de especies introducidas”, dice Flavia Liberona. "A pesar de que Chiloé es el epicentro de la salmonicultura chilena, es una de las regiones más pobres del país. La industria lleva casi 40 años depredando nuestros fiordos y canales, que son un ecosistema de altísimo valor para la biodiversidad del planeta, muy sensible al cambio climático, y puerta de entrada a las regiones marinas de la Patagonia”, lamenta Viveros.

En opinión de Bello, a pesar de que la salmonicultura es una fuente de empleo, "hay que poner en la balanza el costo de mantener y subsidiar a una industria altamente sucia, que no respeta normativas que fueron hechas a su medida, se beneficia de leyes, subsidios y subvenciones que le permiten reducir costos y utiliza el patrimonio de todos los chilenos como su principal capital”.

Regulación en áreas protegidas

¿Es factible legislar para sacar a las salmoneras de las áreas protegidas? "No solo factible, sino extremadamente necesario. La salmonicultura ha probado ser de alto impacto sobre los ecosistemas y no compatible con los objetivos de conservación en una de las áreas más vulnerables del planeta, como es la Patagonia. La industria debiera empezar a retirarse en forma voluntaria, partiendo por las áreas marinas protegidas”, dice Bello.

Desde Intel-Salmon Chile, Ramírez asegura que la producción de salmón es posible en la medida que no afecta el objeto de protección. "De existir incompatibilidad, ello derivaría en una evaluación ambiental muy estricta”, dice, y sostiene que, debido a la regulación actual, la entrega de nuevas concesiones está cerrada.

Ambientalistas reclaman que, aunque no aumenten en número, la industria ha ampliado sus centros de producción, lo que explicaría su crecimiento. "Necesitamos que la producción no siga creciendo a la misma tasa, que las áreas protegidas lo sean realmente, que haya una legislación más exigente y una capacidad real de fiscalización”, asegura Liberona. Como modelo está el caso de la provincia de Tierra del Fuego, en Argentina, que en forma pionera prohibió la salmonicultura en sus aguas. "La protección y el cuidado de estos ecosistemas es la mejor inversión que puede hacer Chile. La vocación de la Patagonia tiene que ver con la conservación y no con la explotación del salmón”, subraya Bello.

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