Sociedad

Países latinoamericanos ratifican un acuerdo para proteger a los ecologistas

Un 60% de los homicidios de defensores ambientales se registra en la región, donde reina la impunidad.

Crédito: CUARTOSCURO

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Dos años después del asesinato en Honduras de la defensora del medioambiente Berta Cáceres, al menos 14 países de Latinoamérica, entre ellos México, Brasil y Guatemala, han ratificado este jueves tratado con medidas para proteger a los activistas ecologistas.

Este nuevo acuerdo, sellado en el marco de la Asamblea General de la ONU y bautizado como Acuerdo de Escazú (Costa Rica), fuerza a los países a "garantizar un entorno seguro para las personas, grupos u organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos relacionados con temas medioambientales".

La propuesta llega en un momento crítico para el continente, marcado por la impunidad. Más de 200 activistas fueron asesinados el año pasado en el mundo (el presente año se contabilizaban hasta julio unos 60) y el 60% de estos homicidios, registrados por la ONG Global Witness, ocurre en América Latina.

La muerte de Berta Cáceres, ejecutada en marzo de 2016, sigue sin resolverse. La gran mayoría de los homicidios se producen en contextos de disputas por los recursos naturales, particularmente el territorio. Ese el caso también del líder indígena Isidro Baldenegro, defensor de las comunidades y los bosques nativos de México, que fue tiroteado en enero de 2017 sin que se sepa nada del caso.

“Este acuerdo es novedosísimo, es el único que incorpora la defensa de los que están luchando por los derechos humanos en asuntos ambientales”, asegura Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, organismo que avaló el tratado. La funcionaria asegura que el acuerdo, que retoma el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, resulta “histórico” y que con este proyecto el continente se pone “a la vanguardia”.

Sin embargo, las críticas se centran en la poca especificidad del texto. “El contenido no tiene mucho peso en términos prácticos. Por ahora hay mucha retórica, pero poco sobre qué significa. No tiene mucha información sobre los pasos concretos que tienen que aplicar los Gobiernos”, manifiesta Billy Kyte, de Global Witness. El jefe de campañas de defensa de la tierra y el medioambiente de esta ONG asegura que se trata de “un hito”, pero mantiene una postura cauta ante la firma del tratado porque, según él, que su eficacia dependerá de la voluntad de los países para cumplir lo pactado.

El acuerdo, fruto de unas negociaciones en Costa Rica el pasado marzo, se apoya en cuestiones relativas al área medioambiental que incluyen el compromiso de los Gobiernos de facilitar a sus poblaciones el acceso a la información pública y a garantizar el acceso a la justicia a través de la creación de órganos especializados en la materia. Además, el tratado compromete a las naciones a establecer mecanismos para la participación pública en la toma de decisiones y promover entornos seguros para los defensores del medioambiente. En este último punto se incluyen derechos básicos como el “derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente”.

Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señala que es importante que la sociedad civil compruebe que la implementación se haga efectiva para que no resulte “puro show o pura cortina de humo”. “Sería importante que los Estados que suscriben tengan claro que hay que tener institucionalidad, presupuestos y voluntad política. Si lo hacen solamente por apariencia, podrían pagar un alto costo porque quedarían mal parados ante la comunidad internacional”, dice.

“Nos parece importante que esta herramienta exista reconocida internacionalmente. Sin embargo, no garantiza que la situación cambie de la noche a la mañana. Si no hay presión a las autoridades, las cosas no cambiarán a pesar de la firma de este acuerdo”, asegura Violeta Valdés, secretaria técnica del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, organización que lleva el nombre del ambientalista indígena mexicano asesinado en 2014.

Otro de los cuestionamientos que se le hace al texto de Escazú es el artículo que garantiza el acceso a la justicia. Punto controvertido para los países firmantes, donde el nivel de impunidad es altísimo. “Hemos suscrito a muchos tratados y muchos convenios. La mayoría de las herramientas para el acceso a la justicia existen, pero están mal aplicadas porque no hay voluntad política por parte de las autoridades”, dice Sandino Rivero, abogado a cargo de la defensa de las causas judiciales de los activistas Antonio Esteban y Manuel Gaspar, activista asesinado el pasado mayo en Puebla (México).

Bárcena, de la CEPAL, asegura que esta vez la situación es diferente porque se trata de un acuerdo vinculante, lo que pondrá más presión sobre los gobiernos para que formalicen lo acordado. “Una vez que los países se han sumado a ello y lo ratifiquen, hay previsiones para que haya sanciones y autoridades internacionales que puedan actuar contra los Estados que no cumplan”, manifiesta.

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