Una fuga en un puerto al noroeste de México provocó el martes el derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, una zona de enorme riqueza biológica. El incidente ha vuelto a colocar en el punto de mira a Grupo México, el principal conglomerado minero del país y dueño de estas instalaciones ubicadas en Guaymas, en el Estado de Sonora. Hace casi cinco años, esta empresa fue responsable del vertido de 40.000 metros cúbicos de metales tóxicos en un río de la misma región, el mayor desastre natural en la historia del país latinoamericano. La ONG Greenpeace ha pedido que el Gobierno castigue lo que tacha de "conducta negligente reiterada" con multas y una retirada de concesiones.
El derrame en Guaymas se produjo por un fallo en una válvula durante unas pruebas para cargar una embarcación. Un vídeo tomado en las instalaciones y circulado en medios locales muestra una columna de humo blanco en el lugar donde el ácido entró en contacto con el agua. Grupo México, que pertenece al segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, aseguró a través de un comunicado que no había personas lesionadas y que se habían iniciado trabajos para "neutralizar" el impacto de la fuga. Además, la empresa aseguró que, tras una evaluación, el Ejército había determinado que no era necesario activar el plan de emergencia.
Pese a las explicaciones, la experta en agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Elena Burns, no duda en considerarlo "un crimen ambiental". "Son sustancias que envenenan la fauna marina", asegura. Miguel Rivas, de Greenpeace, coincide en que pese al impacto local del vertido hay "una afectación clara" sobre los peces y algas marinas. Casi dos días después de los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, partidario de impulsar la industria minera nacional, ha dicho que va a haber una evaluación de los daños. "Se va a actuar", ha declarado este jueves en rueda de prensa, sin dar más detalles.
La fuga coincide con el quinto aniversario del desastre ecológico en el río Sonora. En 2014 una mina del Grupo México, uno de los mayores productores de cobre del mundo, vertió 40.000 metros cúbicos de ácido y contaminó el agua que usaban varios miles de personas para la agricultura y su consumo personal. Cinco años después del suceso, el caso sigue envuelto en polémica y arrastra denuncias por parte de las comunidades afectadas por retrasos en el pago de la compensación. Más recientemente, en mayo de este año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó de que otra mina del Grupo México había derramado 20.000 litros de agua con sedimentos en un río del Estado de Zacatecas.
La reincidencia de la empresa, esta vez en un ecosistema tan diverso como el Mar de Cortés, hábitat natural de especies en peligro de extinción como la vaquita marina, ha desatado las críticas de políticos y ambientalistas. Miguel Rivas considera "irrisorias" las sanciones previstas en la ley - de menos de 100.000 dólares- en el caso de una empresa que reportó beneficios netos por más de 1.000 millones de dólares en 2018. Elena Burns coincide en que se deberían ir más allá que una simple sanción. "Si ocurre una vez puede ser un accidente, pero cuando hay una empresa que repite casos de este tipo se le debería retirar la concesión", asegura. "El marco legal permite hacer mucho más de lo que está haciendo". Una petición de la que también se ha hecho eco el presidente de la Comisión de Minería en el Congreso de Sonora, Carlos Navarrete, de Morena.
Durante sus años en la oposición, López Obrador llamó en varias ocasiones a las autoridades a que emprendieran acciones contra el imperio de Larrea, también apodado el Rey del Cobre, una reivindicación que no ha rescatado tras su llegada al poder. La empresa tiene, según informan medios locales, una cesión vigente hasta 2035 de cinco hectáreas para sus instalaciones portuarias, desde donde exporta cobre y ácido a otras partes del continente americano.
