El país adoptó un proyecto ley de “usos lícitos” del cannabis que le permitirá regular parte de un mercado hasta ahora controlado por traficantes, pero el uso recreativo de la sustancia seguirá siendo ilegal. Los agricultores de las tierras ancestrales donde se hallan las plantaciones afrontan la legalización con incertidumbre y entre disputas partidistas en plena campaña electoral.

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La legalización del cannabis medicinal ya es una realidad en Marruecos. Tras un debate de largo recorrido, las dos cámaras legislativas del país aprobaron por mayoría el proyecto ley 13-21 relativo a los “usos lícitos del cannabis”, que autoriza el uso “medicinal, cosmético e industrial” de esta planta. Con ello, el Estado marroquí busca situar al país entre los líderes de un mercado que crece anualmente un 30%, según el texto difundido por el Ministerio del Interior, artífice del proyecto ley.

Marruecos es el primer productor mundial de resina de cannabis, conocida como “kif”. Durante décadas, la cultura que gira entorno a la planta se ha mantenido en la ilegalidad, pero el cultivo y el consumo se toleran en el Rif, una región montañosa muy empobrecida del norte del país donde el cannabis tiene un valor ancestral. Según las últimas cifras oficiales, allí hay alrededor de 55.000 hectáreas de plantaciones de cuyo cultivo dependen económicamente unas 400.000 personas.

Según el estudio presentado por el Ministerio del Interior, la legalización de los usos terapéuticos e industriales del cannabis, además de suponer una oportunidad para la economía nacional, permitiría “la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los agricultores locales” y su “protección frente a las redes de tráfico”. También figura entre los objetivos “revertir” los efectos adversos para el medio ambiente que ha generado la sobreexplotación de las tierras.

El proyecto ley contempla la creación de una agencia estatal encargada de regular todo lo relativo al cannabis, desde la importación de las semillas hasta la producción, transformación, comercialización y exportación. Entre las competencias exclusivas de la agencia figura también la emisión de las autorizaciones de cultura y producción del cannabis.

Para obtenerlas, la persona demandante debe ser mayor de edad, tener nacionalidad marroquí y residencia en los pueblos de las provincias que serán autorizadas por decreto. Según lo establecido, los agricultores deberán organizarse en cooperativas encargadas de negociar los contratos de venta con las sociedades de fabricación, transformación o exportación. Para ser autorizada la producción de cannabis, la persona demandante también debe ser propietaria del terreno o poseer autorización del propietario o de las autoridades locales.

Los permisos para la fabricación, transformación, transporte, importación y exportación del cannabis y sus derivados se facilitarán a condición de que la persona demandante tenga una empresa registrada y sujeta al derecho marroquí, con recursos materiales y humanos calificados. Se contemplan penas de cárcel de dos años y multas de hasta 100.000 dirhams (11.000 dólares) para quienes se salgan del circuito legal.

Incertidumbre y reticencias en el Rif tras la regulación del cannabis medicinal

Aunque la legalización goza de buena aceptación social y una amplia mayoría parlamentaria ha votado a favor, los agricultores rifeños afrontan la situación con incertidumbre y se muestran reticentes a confiar en que sus condiciones de vida mejorarán, puesto que sigue sin conocerse qué zonas geográficas incluirá el decreto, cuáles serán las condiciones fiscales impuestas, la fijación de precios, entre otras cuestiones fundamentales.

Tras enterarse por los medios de la presentación del proyecto ley por parte de Interior, asociaciones de defensa de los derechos de agricultores lamentaron no haber sido consultados para la elaboración del texto legal. Es el caso de la Asociación Amazigh de los Sanhaja del Rif, que denuncia la desconexión de las instituciones hacia los habitantes de las tierras ancestrales donde se hallan las plantaciones.

“Para empezar, hemos pedido que se traduzcan las informaciones a los idiomas (amazigh) que se hablan en la región para que los agricultores las puedan entender”, explica Charif Adardak, presidente de la asociación. “Muchas de estas personas no saben leer ni escribir ni lo que se plantea y no tenemos recursos para hacer una campaña de sensibilización”, añade.

Adardak cree que este proyecto de ley no es suficiente para resolver los problemas que atraviesa la región: “El proyecto económico no arregla el problema socioeconómico, si no que beneficia a los grandes empresarios; necesitamos una intervención más amplia”, señala. El activista hace referencia a la carencia de infraestructuras y servicios básicos en el Rif y también a la especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y la infancia de la región. “Necesitamos un plan de desarrollo integral que tenga eje social, económico, político y medioambiental”, asegura.

La gente no va a dejar de fumar y donde hay demanda, hay tráfico

El activista también se muestra preocupado por la cuestión del narcotráfico, que considera “difícil” de resolver teniendo en cuenta que el uso recreativo del cannabis seguirá bajo la prohibición. “Hemos hecho una proposición para que también se legalice el uso tradicional del kif”, señala en referencia a la costumbre de fumar resina, extendida sobretodo en esta región del país. “La gente no va a dejar de fumar y donde hay demanda, hay tráfico”, dice.

Tensiones partidistas en plena campaña electoral

La adopción del proyecto ley se da cuando faltan poco más de tres meses para la celebración de elecciones legislativas y la campaña electoral ha exacerbado los intereses partidistas sobre la histórica cuestión del cannabis, más aún teniendo en cuenta que son los partidos políticos quienes ejercen de interlocutores en representación de las coordinadoras de agricultores ante las autoridades gubernamentales.

Este contexto también ha agitado las diferencias entre los actores locales, culminando en la creación de dos frentes de coordinación distintos: el de las regiones originarias del kif y el de las gentes del país del kif (bled kif) y, cuya disputa principal gira entorno al decreto que delimitará las zonas de cultivo. Los primeros exigen que se limite exclusivamente a las comunidades de Ketama, Aït Seddat et Beni Khaled, mientras que los segundos son partidarios de incluir toda la región de Sanhaja y Ghomara, que abarca también las otras tres comunidades.

Por su parte, las gentes del país del kif propusieron añadir al texto legal la amnistía a favor de los agricultores y un proyecto de envergadura para desarrollar la región antes de la entrada en vigor de la ley, así como la legalización del uso recreativo tradicional del kif auténtico.

Sus demandas fueron recogidas por el Partido Socialista Unificado y el Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM), considerados de izquierda y centro, respectivamente. Finalmente, no se incluyeron al proyecto de ley, del que votaron a favor dichos partidos. El principal patrocinador y co-artífice de la coordinación de regiones originarias del kif es el Partido Istiqlal (nacionalistas conservadores).

El Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), considerado islamista y que ostenta actualmente la presidencia del Gobierno -aunque sin mayoría parlamentaria-, se postula como el gran perjudicado. Tras una larga trayectoria de oposición a la legalización del cannabis y el anuncio del proyecto ley por parte del ministerio más cercano a la jefatura del Estado, se produjeron sonadas divisiones dentro del partido, que acabó votando en contra de la legalización de los usos lícitos cannabis.

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