Existe en Rabat un supermercado de una cadena francesa muy concurrido, en un barrio de clase media. La fachada principal tiene dos puertas. Una conduce a la tienda y otra, más pequeña y sin ningún letrero, lleva a través de una escalera hasta un sótano donde solo se venden bebidas alcohólicas. Todo el mundo sabe que la venta de alcohol a los musulmanes está prohibida. Así lo dictamina un decreto emitido en 1967. Y sin embargo, el negocio funciona a plena luz del día.
El desfase entre la ley y la calle se vuelve abrumador cuando afecta a las libertades individuales. El Código Penal contempla penas de un año para quienes mantengan relaciones sexuales fuera del matrimonio (artículo 490), dos años para los casados que cometan adulterio (491), tres años para quienes cometan “actos impúdicos” o “contra natura” con personas del mismo sexo (489) y hasta dos años de cárcel (artículo 454) para las mujeres que aborten.
Miles de personas se las saltan a diario. Pero esas leyes han permitido que la policía detuviese el sábado 7 de septiembre a la periodista Hajar Raissouni, de 28 años, en las inmediaciones de una clínica ginecológica. Está acusada de abortar, aunque ella y el doctor que la atendió aseguran que sufrió una hemorragia interna.
Además de la periodista fueron detenidos su pareja sentimental, el ginecólogo, su enfermero y la secretaria de la clínica. Todos ellos siguen en prisión a espera de que se celebre el juicio. Bajo el amparo de esa ley, las autoridades obligaron a Raissouni, una vez detenida, a someterse a una exploración médica en un hospital público, para determinar si había abortado. Los resultados médicos fueron debidamente filtrados a la prensa. Y el escándalo mediático no se hizo esperar. Muchas voces en las redes sociales vuelven a pedir la reforma del Código Penal y la derogación de los llamados “artículos liberticidas”.
Aïcha Akalay, directora del semanario marroquí Tel Quel, escribió: “Todos vivimos en la ‘ilegalidad tolerada’. (…) Porque a pesar de todas las convicciones, sin duda fuertes y sinceras de la franja más conservadora de marroquíes, la carne es débil. Todos los días, hombres y mujeres o amantes del mismo sexo se aman, se tocan, se unen en los placeres carnales sin estar unidos por el matrimonio. Todos los días las mujeres abortan clandestinamente (…). Todos los días los médicos tiemblan temiendo que su juramento de Hipócrates le conduzca a prisión. Todos los días uno de nosotros puede estar en la posición actual de Hajar Raissouni”.
En 2018 la justicia marroquí procesó a 14.503 personas por “libertinaje”, 3.048 por adulterio, 170 por homosexualidad y 73 por aborto. El doctor Chafik Chraibi estima que cada día se practican en Marruecos entre 600 y 800 abortos clandestinos. Chraibi es fundador y presidente de la Asociación Marroquí de Lucha contra el Aborto Clandestino. Sentado en su despacho de la Maternidad Les Orangers, en Rabat, el ginecólogo se muestra convencido de que en los últimos años se han producido más detenciones relacionadas con este hecho.
“Eso implica que muchos médicos están dando marcha atrás y ya no se atreven a practicar estas operaciones”, señala. “Con lo cual, aumentan los abortos con métodos tradicionales. Eso conlleva un incremento de las complicaciones sanitarias y el riesgo de pérdida de vidas. También aumentan los suicidios de mujeres jóvenes. Otras muchas son expulsadas de sus casas por los padres o por los hermanos mayores. Y aquí se llega a una de las situaciones más trágicas: hay mujeres que tras pasar su embarazo y parir abandonan a los bebés en alguna estación de autobús o en un orfanato. Los orfanatos están repletos de niños abandonados. Son niños que al cabo de los años te los encuentras en los semáforos pidiendo, sin buena salud, ni nutrición ni educación”.
El profesor Chafik Chraibi ha sido un personaje clave en la lucha por los derechos de las marroquíes a abortar. El Código Penal solo contempla que el aborto no será castigado cuando sea necesario salvaguardar la salud de la madre (artículo 453). Chraibi y diversas asociaciones feministas lucharon por extender los derechos. Y en 2016, el Rey Mohamed VI impulsó la reforma que permitirá practicar los abortos de forma legal cuando exista violación o incesto, malformación fetal o enfermedad mental de la madre. Estos cuatro supuestos están aún en trámite parlamentario, pero deberían ser aprobados este año.
No obstante, Chraibi cree que esa reforma es insuficiente. “Todos esos supuestos apenas abarcan un 10 ó 15% de los abortos que se producen a diario en Marruecos”, indica. “Ahí no aparecen ni los abortos de menores, ni los de las mujeres con cuatro o cinco hijos que no tiene para alimentarlos, ni las que se quedan embarazadas a los seis meses de parir, ni las mujeres que viven en la calle, ni tantos casos”.
Stephanie Willman, fundadora en Rabat de la ONG Mobilising For Rights Associates, señala que la reforma de las leyes del aborto está en marcha, pero la despenalización de las relaciones sexuales fuera del matrimonio está fuera de la agenda. “Varios comités de Naciones Unidas vienen diciendo claramente al Gobierno desde hace años que hay que despenalizar esas relaciones. Y el Gobierno [de mayoría islamista] ha respondido que nunca lo va a hacer”. Willman cree que la razón de fondo de ese rechazo a modificar las leyes es que un sector poderoso de la sociedad, “los hombres”, persisten en mantener sus poderes y privilegios sobre los cuerpos de las mujeres.
En los hoteles no se pueden hospedar dos adultos de diferente sexo si no están casados. Así que los amantes tienen que recurrir a los coches o a la casa de algún amigo. Siempre se encuentra la forma. A veces, como sucedió en 2016, la policía sorprende in fraganti a una pareja de adúlteros dirigentes islamistas, de los que suelen condenar en público las relaciones fuera del matrimonio, y la sociedad recuerda que la espada de ley sigue ahí, colgando sobre la cabeza de millones de marroquíes.
