Los niños colombianos siguen siendo víctimas de la violencia, más de tres años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC EP, según la representante especial para niños en conflicto.
“Los niños siguen estando expuestos a graves violaciones a medida que otros grupos ocupan el espacio dejado por la retirada de las FARC-EP”, asegura Virginia Gamba en un comunicado.
Desde la firma del Acuerdo de Paz y hasta julio de 2019, la ONU ha verificado 600 casos de reclutamiento de menores para combatir.
Al menos 186 niños, algunos de tan solo cinco años, fueron asesinados o mutilados, en la mayoría de los casos por fuego cruzado o restos de minas, pero también en ataques contra escuelas y hospitales.
Gamba instó a todas las partes a tomar medidas extraordinarias adicionales para proteger a los niños y prevenir víctimas infantiles.
La ONU ha verificado 17 casos de abusos sexuales, aunque admite que probablemente las cifras son muy superiores.
La representante especial asegura que esta violencia contra los menores es una tendencia al alza que es “muy preocupante” como resultado de la cada vez mayor competencia por el control del territorio.
La inseguridad continúa limitando la verificación y el acceso humanitario en varios departamentos, agregó la experta, basándose en un informe entregado por su Oficina el pasado mes de diciembre.
A pesar de las persistentes violaciones contra los niños, algunos avances importantes marcaron el período del informe, incluido el establecimiento de un programa especial de reintegración. "Un camino diferente de la vida" para los niños liberados como parte del proceso de paz.
El sistema de alerta temprana también permitió la emisión de alertas, incluidas 63 que identificaron contextos en los que los niños estaban en riesgo de ser reclutados y utilizados por grupos armados.
La representante especial también elogió al Gobierno de Colombia por prevenir y responder a las violaciones, incluido el programa de prevención Mi Futuro es hoy Por otro lado, acogió con beneplácito la emisión de una nueva política para prevenir el reclutamiento, el uso y la violencia sexual contra los niños en noviembre pasado e instó al Gobierno a asignar recursos financieros para el despliegue de la política, en particular en las zonas afectadas por conflictos.
Además, Gamba dice sentirse alentada por los avances en términos de responsabilidad, en particular por el caso número 007, inaugurado en marzo de 2019 por la Jurisdicción Especial para la Paz, que se centra en incidentes de reclutamiento y uso de niños.
“Pido al Gobierno que continúe sus esfuerzos para proteger a los niños y garantizar la implementación del acuerdo final para garantizar que todos los que abandonaron las filas de las FARC-EP se reintegran de manera efectiva, teniendo en cuenta las necesidades específicas de esos niños y niñas. Las Naciones Unidas están listas para apoyar al Gobierno de Colombia y socios internacionales para abordar los desafíos restantes”, agregó, alentando a los Estados Miembros a apoyar política y económicamente la reintegración de los niños liberados, incluso a través de la Coalición Mundial para la Reintegración de los Niños Soldados, copresidida por UNICEF.
