Miles de migrantes que entran a México de manera irregular son arrestados en el centro de detención más grande de América Latina, cerca de la frontera con Guatemala. Denuncian reiterados abusos.

Crédito: Marco Ugarte/AP

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Para cientos de migrantes centroamericanos detenidos en México la pesadilla comienza en la estación migratoria Siglo XXI, un albergue del gobierno ubicado en la ciudad fronteriza de Tapachula, en el sur del país, en el que luego de la llegada masiva de más migrantes detenidos han tenido que vivir en precarias condiciones: cubículos de 4x3 metros para 50 personas, heces que rebosaban las letrinas, falta de comida y agua.

De acuerdo con lo relatado por diversos migrante a medios de comunicación, las mujeres duermen en los pasillos o en el comedor, donde hay ratas, cucarachas, excrementos de palomas, niños llorando, madres reciclando pañales y el desprecio de los guardias.

Miles de migrantes que entran a México de manera irregular acaban en este lugar, considerado el centro de detención migratoria más grande de América Latina. Cerca de la frontera con Guatemala, la vida transcurre en la estación Siglo XXI lejos del ojo público, pese a que se han denunciado reiterados abusos.

El Instituto Nacional de Migración (INM), encargado de las instalaciones, negó a The Associated Press permiso para visitarlas y no respondió a una solicitud de comentarios. Pero una veintena de migrantes, funcionarios y miembros de ONG describieron el centro como un lugar insalubre, sobrepoblado y donde reina la arbitrariedad de los agentes al mando. La mayoría hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un plan para enfrentar la llegada creciente de extranjeros luego de que EEUU ha exigido que reduzca el flujo de migrantes, diversos observadores advierten que México no tiene los medios para albergar a más detenidos.

Si se detiene a más migrantes, “no se cuenta con la infraestructura correspondiente”, dijo el jueves Edgar Corzo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante un recorrido justo antes del anunciado despliegue de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional para ayudar a las labores de control migratorio.

Esta entidad oficial denunció a finales de abril que había más de 2.000 personas en la Siglo XXI, un lugar construido para 960. Cientos fueron trasladados a otras instalaciones, pero la semana pasada había 1,230 migrantes, según Corzo. Otras instalaciones en Tuxtla Gutiérrez, también en Chiapas, albergaban a 400, aunque están habilitadas sólo para 80.

La Siglo XXI es una estructura carcelaria con muros de cinco a diez metros de alto, torres de control, cámaras de seguridad y espacios con techos enrejados por donde patrullan los guardias. Incluso hay una celda de castigo que el gobierno se comprometió a no usar más.

A los que llegan, detenidos en redadas o engañados diciéndoles que iban a verificar sus papeles, les confiscan cordones de zapatos, cinturones y celulares, aunque siempre hay quien luego les ofrece una llamada, un cigarro o comida extra si pagan por ello, coinciden varios que estuvieron detenidos ahí.

Graciela, una hondureña de 29 años, cuenta que cuando estuvo en la Siglo XXI no podía ni dormir por el miedo a que le quitaran a sus dos pequeños, de 7 y 9 años. Los rumores se mezclaban con la angustia, la falta de información y la insistencia de los agentes para que aceptara el retorno al país del que salió huyendo.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha reconocido recientemente que el gobierno no se ha preocupado en atender las instalaciones migratorias en la frontera sur, que están “muy por debajo de los estándares”, y Tonatiuh Guillén, hasta el viernes el jefe del INM, reconoció en una entrevista reciente con AP que “tienen un modelo muy severo de control”.

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