La justicia británica ha reconocido a un hombre con autismo el derecho a tener sexo, pese a que un informe psicológico asegura que no entiende el concepto de consentimiento. El Tribunal de Protección de los Juzgados Centrales de Familia de Londres ha determinado que J. B. —siglas con las que se ha protegido su identidad— tiene el “derecho a cometer los mismos errores” que el resto de seres humanos “pueden cometer y cometen a lo largo de su vida”. Por ello, entiende que no debe limitarse el deseo de este hombre de 36 años, con deterioro cognitivo, a mantener relaciones íntimas. La decisión ha puesto de manifiesto los tabúes que rodean la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. Para el colectivo, en muchas ocasiones sobreprotegido, la revolución sexual sigue pendiente.
J. B., que vive en una residencia, no ha cometido nunca un delito contra la libertad sexual, pero su comportamiento en el pasado hacia las mujeres llevó a las autoridades locales a someterle a un plan especial desde 2014, y a limitar en algunos aspectos su libertad personal. Las autoridades querían mantener las restricciones.
En el juicio se leyó el informe pericial de un psicólogo que aseguraba que J. B. representaba un “riesgo moderado” de acoso sexual a las mujeres. En concreto, hacia aquellas en situación de vulnerabilidad. El hombre, según ese dictamen médico, no está en condiciones de entender por qué es necesario e importante el consentimiento expreso de la mujer, ni que intentar forzar una relación sexual sin el permiso de la otra persona es un delito.
La juez Jennifer Mary Roberts ha entendido que mantener las restricciones supondría un acto de discriminación: “La imposición de una carga concreta que un individuo con plenas capacidades no tiene por qué soportar”. La juez atiende a las razones del hombre, “quien ha dejado muy claro que desea desesperadamente encontrar una novia con la que mantener una relación, se muestra ansioso por tener una pareja sexual y cree que las actuales restricciones son una intromisión injusta e ilegal en sus derechos a la privacidad y la vida familiar”.
Las autoridades locales han anunciado su intención de recurrir la sentencia. “Existe una interesante tensión en estos casos”, ha explicado al diario The Guardian Victoria Butler, abogada de los demandantes. La juez, sin embargo, estima que debe prevalecer a toda costa el derecho básico a poder mantener relaciones sexuales. “Es una expresión básica de nuestra condición humana y de nuestra existencia como seres sexuales. Es parte esencial de nuestro ADN como seres humanos reproductivos”, escribió.
El sexólogo Carlos de la Cruz insiste en el derecho a la sexualidad. “La interacción con otras personas es una parte de ella, pero no toda. También está el derecho a conocer el propio cuerpo”, apunta. “No solo hay que permitirlo, sino facilitarlo”, sostiene. “Las personas con discapacidad intelectual deben poder mostrar su consentimiento en las relaciones eróticas. Para ello, antes deberían haber podido tomar otras, como elegir al lado de quién se sientan en el autobús, qué champú usan o cómo se visten”, añade este doctor en Psicología y vicepresidente de la asociación Sexualidad y Discapacidad.
“Hay que tratar de evitar la sobreprotección, que genera vulnerabilidad. Y fijar límites. Tienen que aprender a gestionar una negativa y la frustración que genere”, señala. “Que tomen tantas decisiones como sea posible y se les fijen tantos límites como sean de sentido común”.
De la Cruz rompe con el mito de las personas con discapacidad intelectual con impulsos sexuales irrefrenables: “No tienen más que el resto. Otra cosa es que no hayamos puesto el esfuerzo en que aprendan a controlarlos. No creo que se masturben más en un colegio especial que en un instituto. La diferencia es que en este último se verá menos porque lo harán en la intimidad. Pero las personas con discapacidad intelectual carecen de esos espacios”.
Pese a ello, se muestra optimista. “El interés se ha despertado. Queda mucho camino por recorrer, pero estamos rompiendo el tabú. La cantidad de entidades, profesionales, familias y personas con discapacidad que están reclamando apoyos y ayudas para educar y atender la sexualidad es muchísimo mayor que hace 20 años”. Por ello anima a las familias a vencer “el miedo al embarazo, que les paraliza”. “Con chicos de padres más jóvenes, la cosa se suaviza un poco, pero hasta hace no mucho, al cumplir 18 ó 19 años, la mayor preocupación era esterilizar a las chicas”, lamenta Miriam Blanco Somiedo, trabajadora social que coordina viviendas tuteladas de la ONG Astrona en León. “Y así no se resuelve el problema. Sin educación, son más susceptibles de sufrir abusos. Conozco chicas que no eran conscientes de que habían sufrido un chantaje sexual porque les habían dado un regalo a cambio. Esto solo se para con información”.
“Las familias lo viven con inseguridad y miedo y se centran en los riesgos”, apunta Enrique Galván, presidente de Plena Inclusión, movimiento asociativo que agrupa a 900 entidades. Hace dos años fijaron un posicionamiento institucional reivindicando los derechos de las personas con discapacidad a tener una vida afectiva y sexual plena: “Para ello necesitamos programas de apoyo. La revolución sexual está pendiente y para hacerla realidad tenemos que formarnos”.
