Varios líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), acompañados por ambientalistas, presentaron el recurso ante el Tribunal Constitucional, que estudia una demanda contra el Código Ambiental, informaron algunos de ellos por distintas redes sociales.
El “amicus curiae” es un recurso que prevé la normativa ecuatoriana por el que se permite que terceros participen en un litigio de carácter constitucional con el objetivo de aportar opiniones que ayuden a los jueces a tomar una decisión.
Los indígenas advirtieron del grave riesgo que corren zonas sensibles de la Amazonía por la aplicación del Código Ambiental, sobre todo en regiones como el Parque Nacional Yasuní, en el extremo este del país, considerado una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta.
Además, adujeron que la normativa afecta el derecho a la consulta previa a las comunidades sobre los proyectos extractivos (petroleros y mineros) que el Gobierno quiere impulsar en la región amazónica.
“Nuevamente exigimos respeto a nuestros derechos humanos y colectivos y no más ampliación de la frontera extractiva en la Amazonía”, señala un comunicado difundido por la Conaie.
La presidenta del pueblo Waorani, Nemonte Nenquimo, que participó en la entrega del recurso en la Corte Constitucional en Quito, dijo en declaraciones a la prensa que el objetivo de esta acción es que el Gobierno nacional escuche a las comunidades.
Nenquimo exigió que se respete a los pueblos indígenas, que se declaran como guardianes de la selva amazónica y se oponen a las operaciones petroleras y mineras.
Según ella, la normativa que permite la explotación de los recursos naturales en zonas de alta concentración de biodiversidad pone también en peligro a las comunidades y hasta podría “desaparecer nuestra cultura”.
El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, recordó que la Constitución de Ecuador garantiza los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos, por lo que convocó a la ciudadanía a apoyar al acción de las organizaciones indígenas en al defensa de la Amazonía.
Tuntiak Katan, vicecoordinador de la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) -que aglutina a grupos aborígenes de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam y Guyana-, insistió en que la normativa impulsada por el Gobierno ecuatoriano “viola claramente los derechos fundamentales y los derechos colectivos”.
Pero remarcó que el Código Ambiental, además, “abre la posibilidad de expandir actividades extractivas en áreas intangibles” como las del Parque Yasuní, donde habitan pueblos en aislamiento voluntario como los Tagaeri y Taromenane.
EFEverdeerde
