Además, la ley busca impulsar un desarrollo rural ambiental, social y económicamente sustentable.
La organización realizará un “verdurazo” en la Plaza Congreso -que incluirá la instalación de una chacra agroecológica y una radio abierta y se realizará una audiencia pública para presentar la ley en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación junto a ministros, diputados y diputadas.
En esta ocasión, la ley será presentada por tercera vez en el Congreso. Previamente, fue presentada en 2016 y en 2018, y acompañada por decenas de legisladores, entre ellos muchos funcionarios del actual gobierno como el ministro de Agricultura, Luis Basterra; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el canciller Felipe Solá; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Desde la organización, con fuerte presencia en 18 provincias del país, buscan demostrar que con el acceso a la tierra para las y los productores de alimentos se solucionarían muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria: hiperconcentración, especulación de precios, contaminación y trabajo informal o esclavo.
En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país.
Según estiman, con un crédito del Banco Nación de 110 millones de dólares, unas 2000 familias podrían acceder a una hectárea propia con infraestructura productiva y vivienda digna.
Solo con un tercio de lo que el Estado argentino le prestó a la empresa privada en quiebra Vicentín (U$300 millones), o con un 4% de lo que el fisco recaudó por retenciones entre enero y agosto de 2020 ($233.200 millones), se podría dar una salida real a miles de familias productoras y sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario en la Argentina.
“Hay que desarmar el discurso de ‘los del campo’. Hay un sector que genera ganancias y mercancías en base a la apropiación legal pero ilegítima de todo el territorio nacional para desarrollar commodities, emprendimientos extractivistas y agroindustriales que no generan riqueza para el bien común de la sociedad”, aseguró Rosalía Pellegrini, vocera de la organización.
“Venimos presentando esta Ley desde 2016. El acceso a la tierra para una familia productora significa el acceso a derechos y a una vida digna para las y los pequeños productores, y frutas y verduras sanas para todo el pueblo.
Estamos planteando un proyecto de ley que no solo trae beneficios para las familias agricultoras, sino que podría ser la respuesta a la crisis alimentaria que hoy vive nuestro país”, agregó Delina Puma Rocabado, referente nacional de la organización.
Agustín Suárez, también vocero de la organización afirmó: “La aprobación de la ley significaría un hecho histórico para la construcción de un nuevo modelo agroalimentario en la Argentina y un paso fundamental hacia la Soberanía Alimentaria”.
