El número de muertos en el peor motín carcelario de la historia de Ecuador se elevó a 118, según anunciaron las autoridades el sábado 2 de octubre. "Siento dolor, rabia e impotencia. No puedo enterrar a mi hermano aunque sé que está muerto". Estas son las palabras de una ecuatoriana que vio en un video publicado en las redes sociales como su hermano de 23 años había sido decapitado en el centro de detención Penitenciaria del Litoral, en la ciudad de Guayaquil.
Para restablecer el orden, las autoridades enviaron a cientos de policías al escenario de la masacre. "Seguiremos limpiando dentro de este centro de detención porque los reclusos deben entender nuestro claro mensaje: el Estado está presente", sentenció la comandante de la Policía, Tannya Varela. "Somos nosotros, no ellos, los que tenemos autoridad", dijo.
¿Pero será suficiente esta "limpieza" para restablecer a largo plazo el orden en esta prisión de Guayaquil? ¿Y qué hay del resto de las cárceles de Ecuador?
Se cree que este derramamiento de sangre está relacionado con una guerra entre bandas de narcotraficantes mexicanas. Las prisiones de Ecuador se han convertido en un campo de batalla para miles de presos vinculados a los cárteles mexicanos. En total, unos 200 reclusos han muerto por la violencia en lo que va de año. Los observadores también culpan a la corrupción, que permite a los reclusos introducir armas y municiones.
La lista de masacres en las cárceles no se detiene¿Corrupción? ¿Bandas criminales? ¿Qué puede explicar esta masacre? ¿Y las pasadas? En realidad, estas preguntas se pueden ampliar al resto de las tragedias que ocurren en las cárceles de Latinoamérica. En efecto, esta tragedia en Guayaquil es solo la última de una larga lista ocurridas en los sistemas penitenciarios del continente.En 2005, tras un motín, un incendio arrasó una prisión sobrepoblada en la ciudad de Higuey, al este de la República Dominicana, dejando al menos 135 muertos.
En 1992, en Brasil, 111 presos murieron cuando las fuerzas de seguridad sofocaron un motín en la enorme cárcel de Carandiru, a las afueras de Sao Paulo.
Más recientemente, en 2019, un motín entre dos bandas rivales ensangrentó los muros de la cárcel de Altamira, en el norteño estado brasileño de Pará. El ataque dejó al menos 57 muertos.
Y así va la lista de los siniestros carcelarios de América Latina. Para intentar explicarlos, uno de los factores comunes, y el más obvio -por ser cuantificable-, es el hacinamiento.
La sobrepoblación afecta a las prisiones de toda la región, "con tasas de ocupación que varían desde alrededor del 110% en Chile y Uruguay hasta el 350 % en Centroamérica", afirma a 'El País' Gustavo Fondevila, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México y especialista en el sistema penitenciario latinoamericano.
En Colombia, existe en la actualidad una sobrepoblación del 49 % en las cárceles, de acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec. Los expertos lo explican por la falta de políticas públicas, la ausencia de inversión en infraestructura y fallas en el sistema penal.
En México también las cárceles padecen de este flagelo. A modo de ilustración, se puede comparar el año 2006, con una población de internos en cárceles federales de 3.000, con el año 2010, que presenta un incremento del 345% de esa población, con 12.450 prisioneros, según el Gobierno central.
Sin embargo, uno de los casos más dramáticos es el de Brasil, que albergaba hasta finales de 2019 a 755.274 presos, una cifra que lo ubica como el tercer país con más población de ese tipo en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China.
Factor insustituible de la crisis carcelaria: la corrupción
Esta situación, común a la mayoría de las cárceles del continente, afecta los derechos de los reclusos, que se ven privados de los requisitos mínimos de alojamiento, higiene y alimentación. Pero la sobrepoblación carcelaria favorece también la corrupción dentro de los mismas.
Esta se ilustra con sobornos de los presos para tener objetos como celulares y armas. O dicho de otra manera, reside en un negocio de pagos a cambio de privilegios en el que están involucrados guardianes y directores de cárceles. En Venezuela, son las mafias las que establecieron un sistema de extorsiones en las cárceles, donde los internos deben pagar si quieren recibir visitas.
Pero esa corrupción también conoce niveles más graves. Así, aunque es una situación difícil de comprobar, es aceptado que en algunos países las deplorables condiciones de los internos llevaron a las autoridades a entregar gran parte del control a los mismos internos. Por ejemplo, en El Salvador, Guatemala y Honduras, las pandillas dirigen bloques de celdas y hasta cárceles enteras.
La fuga de 'El Chapo', ejemplo de la influencia del crimen organizado en las prisiones
En las prisiones de México también se ha normalizado el autogobierno o el co-gobierno. Hace diez años, Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo', protagonizó la fuga más famosa de la historia reciente del país. Pero detrás de este caso está la sospecha de la infiltración del crimen organizado en la propia dirección de la cárcel.
Otro caso de gran magnitud en la región: en 2019, los directores de dos cárceles de Bogotá, la capital colombiana, fueron acusados de cobrar dinero a los presos a cambio de algunas ventajas, como el acceso a mejores celdas.
Si el hacinamiento y la corrupción ya hacen de la vida entre rejas un infierno, la insalubridad completa la pesadilla. Muchas de las prisiones de toda la región son viejas y cumulan problemas de salubridad.
Y esa situación, ya de por sí catastrófica, empeoró con el brote del coronavirus. Hasta junio de 2020, Centroamérica acumulaba casi un millar de presos contagiados, por lo que la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, alertó que "las estructuras de las cárceles no permiten atender las medidas sanitarias mínimas" en tiempos de pandemia.
Las medidas sanitarias impuestas durante la pandemia empeoraron la situación
En reacción, la decisión de muchos gobiernos fue reducir el derecho de visitas. Pero en muchas de las cárceles de la región, los reclusos suelen recibir alimentos y medicinas a través de estas. Por lo tanto, la suspensión de las horas de visita fue sinónimo de hambre para los presos.
Es probablemente por eso que en Venezuela las restricciones al derecho de visita acabaron en motín en mayo de 2020 en una prisión del oeste: al menos 47 reclusos murieron y otros 75 resultaron heridos, según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.
En Brasil, en respuesta a la decisión de las autoridades de limitar el derecho de salida temporal, casi 1.400 presos se fugaron de varias cárceles del estado de Sao Paulo.
Ante esta situación explosiva, varios países de la región han intentado aliviar la presión mediante liberaciones. Bogotá, la capital colombiana, liberó así a unos 4.000 presos que han cumplido el 40% de sus condenas, tienen más de 60 años, padecen "enfermedades catastróficas" o tienen discapacidades.
México aprobó por su parte una ley que concede una amnistía a los presos que no hayan utilizado armas de fuego. Y cerca de 30.000 de los más de 700.000 reclusos de Brasil, según las cifras oficiales, cambiaron la cárcel por el arresto domiciliario.
Estas medidas fueron decisiones tomadas frente a la urgencia que creó la pandemia. Pero la mejora del sistema penitenciario sigue siendo una de las asignaturas pendientes del continente.
En el reciente caso de Guyaquil, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció la intención de conceder unos 2.000 indultos "de forma inmediata a personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad y enfermos terminales". También habló de comenzar la repatriación de presos extranjeros y la devolución de 82 ya está en trámite. El Gobierno también prevé impulsar la construcción de centros adicionales.
Y en efecto, muchos dirigentes responden a esta crisis construyendo más cárceles y abogando por el endurecimiento de las penas. Sin embargo, los analistas consideran que una solución más eficaz podría ser, por ejemplo, buscar alternativas a la prisión para los delitos menos graves. También los expertos mencionan la necesidad de una política criminal que aborde preventivamente los problemas para evitar los delitos.
