Aunque los detalles no están cerrados, la idea es que los potenciales demandantes de asilo se distribuyan entre al menos una decena de Estados miembros.
Tanto España, como Francia y Alemania han admitido estar en contacto con las instituciones comunitarias para solventar esta crisis. Los tres Estados acogerán también a una parte de los náufragos. Tras el paso adelante anunciado el martes por Francia, el Ejecutivo alemán confirmó este miércoles las mismas intenciones. “Esperamos que los dos barcos privados de rescate, el Open Arms y el Ocean Viking, puedan atracar pronto en un puerto con las personas rescatadas en el mar”, indicó un portavoz, según informa Ana Carbajosa. “Para que eso sea posible, Alemania está dispuesta en estos dos casos a participar de nuevo en una solución de distribución europea”, añadió el portavoz, que habló de “distribución solidaria”. Al contrario que en el caso alemán, el plan español de acogida afecta solo al Open Arms, explican las fuentes consultadas.
La decisión de recibir a esos migrantes contraviene la línea seguida por el Gobierno —en particular por el Ministerio del Interior— en el último año. A las autoridades españolas les irritó la política de puertos cerrados del ministro italiano del ramo, Matteo Salvini, que se negaba a abrirlos a las ONG con migrantes a bordo, a menos que hubiera un acuerdo entre Estados miembros para repartirse a sus ocupantes. El titular español de esa cartera, Fernando Grande-Marlaska, argumentó varias veces ante sus colegas en Bruselas que la actitud italiana era insolidaria y que no se podía repartir por toda Europa a los migrantes llegados por el Mediterráneo central —siempre voluntariamente— mientras España asumía en solitario las llegadas por el flanco occidental.
Pese a todo, el empeoramiento de las condiciones a bordo del barco de la ONG Proactiva Open Arms y la presión interna en España, con múltiples ayuntamientos ofreciendo ayuda y organizaciones humanitarias pidiendo a Pedro Sánchez una salida, han reorientado el rechazo inicial. Ese cambio de postura dificultará a Marlaska mantener la negativa española a la acogida en los casos en que los rescatados provengan de zonas sobre las que España no tiene competencias de búsqueda y rescate.
