Hernández ya había sido condenada a 30 años de cárcel en 2016, pero la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio.
Entre los procesos, la salvadoreña estuvo encarcelada un total de 33 meses, hasta que en febrero de este año obtuvo la libertad condicional.
La joven siempre defendió su inocencia. Sostenía que nunca supo que estaba embarazada y que había perdido el conocimiento durante el parto.
Tras conocerse la absolución este lunes, Hernández declaró visiblemente emocionada que ahora sus metas son continuar estudiando y "salir adelante".
"Gracias a Dios se hizo justicia. Todo este tiempo fue duro porque me acusaban de algo de lo que yo era inocente. Espero que muchas muchachas (mujeres condenadas por abortar) salgan pronto (de la cárcel)", expresó, a la vez que agradeció todo el apoyo recibido.
Activistas por los derechos de las mujeres siguieron de cerca su caso dentro y fuera de El Salvador y exigían su absolución.
Bertha de León, abogada defensora de la joven, explicó que el juez dijo "que no había forma de comprobar el delito y por eso la absolvió; y ha dicho que fue un parto complicado, como el de muchas de las mujeres que aún están presas por el delito de homicidio".
Hernández tuvo un parto extrahospitalario el 6 de abril de 2016 cuando se encontraba en su vivienda y fue trasladada por un familiar al Hospital Nacional del municipio de Cojutepeque, en el este del país, donde fue denunciada ante las autoridades por el médico que la atendió, según señalaron sus abogados.
Su historia traspasó las fronteras salvadoreñas y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y en favor de la despenalización del aborto solicitaron en reiteradas ocasiones a la Fiscalía del país centroamericano que desistiera de la acusación contra la joven.
El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo: el aborto es ilegal en todas las circunstancias y los culpables enfrentan entre dos y ocho años de cárcel.
Las mujeres que sufren complicaciones del embarazo y que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto.
En muchos casos, incluido el de Hernández, el cargo cambia a uno de homicidio agravado, que conlleva una pena mínima de 30 años.
Habitualmente, a las mujeres acusadas de abortar en El Salvador se les conmutaban las condenas cuando las penas de prisión de 30 años se consideraban "desproporcionadas e inmorales", pero los veredictos no eran anulados.
El caso de Hernández, de hecho, ha sido el primero de su tipo en el país centroamericano en el que se ordenó realizar un nuevo juicio.
Activistas por los derechos de las mujeres esperan que este caso establezca un precedente para otras mujeres encarceladas bajo las estrictas leyes antiaborto de El Salvador para luchar contra sus sentencias.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya le solicitó anteriormente a El Salvador que reforme sus leyes -que califica de "draconianas"- sobre el aborto.
