La legislación aprobada en una votación de 70 a 24 sin abstenciones y 85 legisladores ausentes autoriza al Gobierno danés a, cuando se alcance un acuerdo, trasladar a los solicitantes de asilo "al tercer país en cuestión con el fin de procesar las solicitudes de asilo y cualquier posterior protección de conformidad con las obligaciones internacionales de Dinamarca".
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, la Unión Europea y varias organizaciones internacionales han criticado este plan, afirmando que socavaría la cooperación internacional y además carece de detalles sobre cómo se protegerían los derechos humanos de los solicitantes.
El ministro de Inmigración e Integración danés, Mattias Tesfaye, ha asegurado que el Ejecutivo necesita un marco legal para un nuevo sistema de asilo antes de que se puedan presentar los detalles. La oposición de centroderecha ha estado respaldando al Gobierno minoritario socialdemócrata y votó a favor de la ley.
"Esto es una locura, esto es absurdo", dijo a Associated Press Michala C. Bendixen, portavoz de la organización de defensa y ayuda legal Refugees Welcome: "De lo que se trata es de que Dinamarca quiere deshacerse de los refugiados. El plan es asustar a las personas para que no busquen asilo en Dinamarca".
"No es posible según las normas de la UE"
La comisión ejecutiva de la Unión Europea expresó su preocupación por la votación y lo que su aprobación implica. Señala que cualquier movimiento para subcontratar las solicitudes de asilo no es compatible con las leyes del bloque de 27 naciones, al que Dinamarca pertenece.
"El procesamiento externo de las solicitudes de asilo plantea cuestiones fundamentales tanto sobre el acceso a los procedimientos de asilo como sobre el acceso efectivo a la protección. No es posible bajo las reglas de la UE existentes", dijo el portavoz de la Comisión Europea, Adalbert Jahnz.
Jahnz agregó que ese enfoque no forma parte de las propuestas de la comisión para reformar el sistema de asilo del bloque, que se vio abrumado por la llegada a Europa de más de un millón de personas en 2015, muchas de ellas provenientes de Siria.
Los socialdemócratas de Dinamarca han planteado durante algunos años la idea de establecer un centro de refugiados en el extranjero. En enero, la primera ministra Mette Frederiksen reiteró la visión de la campaña electoral de tener "cero solicitantes de asilo".
Los socialdemócratas argumentan que su enfoque evitaría que la gente intente realizar el peligroso viaje a través del mar Mediterráneo para llegar a Europa y les restaría peso a los traficantes de migrantes que explotan a los desesperados solicitantes de asilo. Desde 2014, más de 20.000 migrantes y refugiados han muerto al intentar cruzar este mar.
Bendixen dijo que el argumento del Gobierno es "una tontería" porque los solicitantes de asilo todavía tendrían que llegar a Dinamarca. Según el plan del Ejecutivo, no podrían postularse directamente en un centro de recepción fuera del país, ya que eso solo se puede hacer en la frontera danesa. En cambio, aquellos que lleguen a Dinamarca serán enviados a un tercer país mientras se procesan sus solicitudes.
Más radicales que las propuestas de extrema derecha
En una entrevista con France 24, Martin Lemberg-Pedersen, profesor asociado del Centro de Estudios Avanzados sobre Migración de la Universidad de Copenhague, afirmó que el Gobierno justificaba la medida criticada calificándola de "humanitaria".
"Se están centrando en las terribles condiciones de los migrantes que cruzan el Mediterráneo y están diciendo que su modelo va a acabar con eso. Sin embargo, si nos fijamos en otras experiencias recientes con países como Ruanda, hay mucho que cuestionar en esa interpretación", concretó señalando un acuerdo similar entre Israel y Ruanda de 2013 a 2017, y en virtud del cual se enviaron 4.000 migrantes desde Israel a Ruanda.
"La mayoría en realidad terminaron volviendo a migrar y volviendo a las redes de tráfico de personas y terminaron en países europeos. Así que hay mucho que decir de este tipo de territorialidad, que en efecto, va a agregar otro nivel a la dinámica del tráfico de personas que el Gobierno (de Dinamarca) está utilizando como argumento para su política".
En abril, el Gobierno danés comunicó haber firmado un memorando de entendimiento con Ruanda. El Gobierno ha mantenido un perfil bajo con el memorando, que no es legalmente vinculante y establece el marco para futuras negociaciones y cooperación entre los dos países.
El diario danés Jyllands-Posten informó que Dinamarca también ha estado en diálogo con Túnez, Etiopía y Egipto.
Tesfaye ha prometido a los legisladores que cualquier acuerdo con otro país se presentará al Parlamento antes de que el Gobierno pueda "adoptar un modelo o enviar a alguien a un centro de recepción", dijo a Jyllands-Posten el legislador Mads Fuglede del opositor Partido Liberal.
Lemberg-Pedersen apuntó que Dinamarca actualmente no tiene tal acuerdo, ni siquiera a nivel de negociación, con ningún país, incluido Ruanda, lo que significa que la legislación danesa "no tiene sustancia real ni ninguna de las garantías de derechos humanos y de protección que el Gobierno está asumiendo que será posible".
También dijo que pondría a países como Ruanda en una posición negociadora peligrosamente ventajosa. "Lo que en realidad crea (…) es un incentivo bastante claro para colocarse en una posición en la que 'podrían' aceptarlo y luego pedir a cambio, al Gobierno danés en este caso, un número creciente de beneficios, legitimidad política, comercio económico, etc. No olvidemos que en el caso de Ruanda, el régimen de Paul Kagame ganó las últimas elecciones llamadas democráticas con el 99% de los votos, lo que sin duda es una forma diferente de democracia".
"Es aterrador (…) observar que hasta la campaña electoral, en la que los socialdemócratas daneses expresaron por primera vez esta propuesta, existía el requisito de que un país anfitrión debía ser democrático. Pero, hace aproximadamente un mes y medio, el Gobierno salió muy abiertamente y abandonó esa condición, diciendo que las instituciones no tienen que ser democráticas".
La postura migratoria del Gobierno socialdemócrata se asemeja a las posiciones que adoptaron los nacionalistas de derecha cuando la migración masiva a Europa alcanzó su punto máximo en 2015. Dinamarca recientemente fue noticia por declarar partes de Siria "seguras" y revocar los permisos de residencia de algunos refugiados sirios.
En 2016, los socialdemócratas apoyaron una ley que permitía a las autoridades danesas confiscar joyas y otros bienes a los refugiados para ayudar a financiar su vivienda y otros servicios. Varios grupos de derechos humanos señalan que la propuesta del Gobierno de centroderecha que lideraba Dinamarca en ese momento, aunque en la práctica, solo se ha implementado unas pocas veces.
Los socialdemócratas también votaron para colocar a los solicitantes de asilo rechazados y a los extranjeros condenados por delitos en una pequeña isla que anteriormente albergaba instalaciones para investigar enfermedades animales contagiosas. Ese plan finalmente fue abandonado.
Lemberg-Pedersen señaló que las últimas elecciones en realidad se habían centrado en el cambio climático, en lugar de la inmigración: "Entonces, si lo juzgamos por la señal que obtuvo el voto de los socialdemócratas, que los llevó al Gobierno, esta [legislación] no es algo que contó con un amplio apoyo".
"Esta propuesta es más radical que cualquiera de las propuestas que la derecha danesa ha propuesto en la última década por lo que, de alguna manera, el Gobierno socialdemócrata ha pasado a la derecha con esta propuesta".