Amnistía Internacional (AI) no tiene dudas: en las protestas en Chile se ha habido violaciones a los derechos humanos. El Gobierno de Sebastián Piñera niega que esto responda a un patrón o que haya una política de represión, pero reconoce que hay casos de abusos por parte de las fuerzas del orden.
El informe de Amnistía Internacional recoge casos de uso letal de la fuerza, torturas, malos tratos y lesiones graves. Estas agresiones no serían hechos aislados y demuestran que hay cierto “grado de coordinación” que “conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel”.
Estas conclusiones se recogen en el informe que AI presentó este jueves en Santiago con las principales conclusiones de una misión del organismo, que lleva tres semanas en el país investigando y documentando las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de Chile.
El documento espoleó al Gobierno chileno, que lo rechazó “categóricamente” y acusó a AI de hacer “aseveraciones irresponsables” y de “pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes”.
La subsecretaría de Derechos Humanos de Chile, Lorena Recabarren, se quedó en una rueda de prensa que Amnistía Internacional no se puso en contacto con ellos ni solicitó información al Gobierno para la elaboración de su informe. Este extremo lo niega AI y afirman en Twitter que pidieron una reunión con el Ministerio del Interior y otra al presidente Piñera sin obtener ningún tipo de respuesta.
Lo cierto es que el balance oficial, cuando se cumplen dos meses de disturbios en Chile, es de al menos 23 muertos durante los actos de violencia, que incluyen atropellos, incendios y agresiones directas de agentes del Estado. El número de heridos supera los 2.300, de los cuales unos 220 sufren importantes lesiones oculares según el Instituto Nacional de los Derechos Humanos.
El Gobierno ha prometido medidas urgentes, como la bajada del precio de los trasportes o la subida de las pensiones. De momento esto no frena la indignación de los manifestantes, que no deja de ir en aumento al conocer que las denuncias por tortura y tratos crueles ascienden a 1.100 y hay más de 70 casos que investigan delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios.
El presidente Piñera apunta que en “algunos casos” no se han cumplido todos los protocolos de uso de la fuerza para controlar el orden público y “se cometieron excesos y abusos”. “Todo eso está siendo investigado por la Fiscalía y va a ser conocido y juzgado por los Tribunales de Justicia. Así funciona una democracia, así funciona un Estado de derecho”, dijo Piñera en una reunión con corresponsales de medios extranjeros.
Este aspecto también fue recalcado por Recabarren, quien dijo que “todos los casos que han sido denunciados están siendo o serán investigados por la Fiscalía y serán juzgados debidamente por los Tribunales de Justicia”.
El Ejército, que estuvo en las calles durante más de una semana al comienzo de la crisis para tratar de restablecer el orden público cuando se decretó el estado de emergencia, y el cuerpo policial de Carabineros también se sumaron a las críticas al informe de AI.
El Ejército, que estuvo en las calles durante más de una semana al comienzo de la crisis para tratar de restablecer el orden público cuando se decretó el estado de emergencia, y el cuerpo policial de Carabineros también se sumaron a las críticas al informe de AI.
El estamento castrense señaló en un comunicado que “no existió, ni existe ninguna política de las Fuerzas Armadas (FFAA) para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”.
Por su parte, Carabineros también difundió un escrito en el que aseguró que la “institución no ampara ilegalidades” y rechazó “categóricamente cualquier exceso, abuso o vulneración de los Derechos Humanos”.
Asimismo, indicó que ha puesto a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes de cada caso que ha sido objeto de querellas por parte del INDH y que ha iniciado más de 690 casos de sumarios o investigaciones administrativas a nivel interno.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, dijo que el protocolo chileno de uso de la fuerza es adecuado pero que su impresión previa es que no se está siguiendo a tenor de la cantidad de lesiones oculares provocadas por bolas de goma disparados por carabineros.
“Mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos porque hay indicaciones claras: nunca se debe disparar de la cintura hacia arriba y eso se ha visto mucho”, dijo Bachelet en una conversación con chilenos en Cambridge (Reino Unido) el pasado lunes que fue difundida este jueves en YouTube.
No obstante, la alta comisionada recalcó que lo dice a modo de juicio previo porque envió una misión a analizar en terreno la situación y prefiere esperar a recibir el reporte antes de expresar conclusiones.
La agitación social ha disminuido en Chile desde que Gobierno y oposición alcanzaran un acuerdo para iniciar el camino hacia una nueva Constitución. Sin embargo, y aunque en menor cantidad, los ciudadanos no dejan de manifestarse a diario tanto en Santiago como en otras zonas del país, reclamando la renuncia de Piñera, justicia por las violaciones de derechos humanos y más medidas sociales.
En paralelo, siguen sucediéndose enfrentamientos con los carabineros y algunos actos vandálicos, como los que tuvieron lugar este jueves en Valparaíso (centro), en el barrio de Lastarria, en Santiago, o en la también santiaguina comuna de Quilicura, donde un grupo de personas incendió varios locales de un centro comercial.
El cuerpo de Bomberos que se acercó a apagar las llamas recibió también pedradas por parte de esos manifestantes. El INDH había recibido denuncias sobre presuntos abusos y torturas realizados por efectivos policiales en ese centro comercial.
