Sociedad

El debate sobre la objeción de conciencia en la ley del aborto

De cara al tratamiento en el Senado, instituciones reclaman que la objeción de conciencia pueda ser institucional.

Foto: Télam

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Próximo al tratamiento en la Cámara Alta, más de una decena de instituciones se manifestaron en contra de la ley y reclaman que la objeción de conciencia que contempla el proyecto no sea sólo individual sino que pueda ser institucional.

¿Qué se entiende por objeción de conciencia?

Según el Ministerio de Salud, implica que si la mujer opta por abortar y lo solicita, no es deber legal de todo médico efectuarlo, pudiendo manifestar su objeción de conciencia, oportuna y justificadamente. Se advierte que algunas normas legales son absolutamente facultativas para uno de sus destinatarios, pero no lo son plenamente para el otro: al facultar a la gestante la práctica de un aborto, la ley a la vez determina que alguien debe efectuarlo: el médico. Y si este no admite practicarlo por razones de conciencia (motivos religiosos, interpretación al juramento hipocrático, etc.), es la propia ley la que lo faculta a ello mediante el ejercicio de la objeción de conciencia: la mujer embarazada no necesita aquí dar razones para no proceder a la práctica del aborto; los médicos sí.

Si la objeción no está expresamente contemplada en normas legales particulares, ello no obsta para su procedencia, pues basta con la existencia de normas constitucionales o supranacionales para admitirla.

Si un médico considera que sus convicciones no le permiten aconsejar o realizar una práctica, es aceptable y puede retirarse del caso, siempre que haga saber su objeción tanto al paciente como a su superior jerárquico y que responsablemente asegure la continuidad de la asistencia médica por otro profesional idóneo para alcanzar el fin indicado.

En el proyecto actual, se plantea que la objeción de conciencia deberá estar plasmada previamente en un registro que lleve la institución.

 ¿Por qué las instituciones no pueden objetarse?

Aunque está legalmente contemplado el derecho del personal sanitario de ejercer objeción, “no exime de responsabilidad, respecto de la realización de las prácticas requeridas, a las autoridades del establecimiento asistencial que corresponda, quienes están obligados a disponer los reemplazos necesarios de manera inmediata”.

Para Soledad Deza, abogada y coordinadora legal de Católicas por el Derecho a Decidir, en el proyecto original presentado por la “Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito” no se incluyó la objeción de conciencia porque atentaría contra el acceso a la salud pública. “Se generaría un desequilibrio en la atención pública, porque en algunos lugares se podría restringir a cero la oferta sanitaria desde las instituciones como desde las prestaciones de algunas obras sociales”, manifestó.

Juan Navarro Floria, abogado y profesor de la UCA, orador que se refirió específicamente a la objeción de conciencia durante las audiencias previas a la sanción, sostiene que las instituciones tienen derecho a solicitar dicha objeción porque se trata de un derecho que está garantizado por la constitución para todas las personas y las mismas actúan individual y colectivamente.

A su vez, consideró que las listas previas que supone la sanción de la ley podrían convertirse en “listas negras que impedirán a los profesionales realizar carreras hospitalarias”.

Fuente: Télam