Es el caso de una mujer de 22 años en Popayán, en el suroeste de Colombia, que escogió interrumpir su embarazo con el argumento, comprobado por médicos, de que sufría problemas mentales y no estaba preparada para ser madre.
Su exnovio, Juan Pablo Medina, se opuso desde un principio, protestó al frente del hospital, hizo campañas en redes sociales y ahora ha denunciado penalmente a la mujer, cuya identidad no se ha revelado públicamente, por el delito de homicidio.
El aborto en Colombia es permitido en tres causales: violación, malformación del feto o riesgo para la vida de la madre, incluso si la amenaza se desarrolla ya avanzado el embarazo.
Profamilia, la entidad privada que practicó el aborto, dijo que este caso entra en la última causal y que lo hizo en garantía de los derechos constitucionales de la joven.
El secretario de Salud de Popayán, Óscar Ospina, aseguró: "El Ministerio de Salud y la Corte (Constitucional) han orientado que debe haber una certificación de un médico o de un psicólogo, y en este caso estaba certificado por el respectivo profesional que la joven tenía problemas mentales de depresión".
Desde que el aborto se despenalizó en tres causales en 2006, decenas de personas han presentado acciones legales que buscan penalizar el aborto en cualquier escenario.
La Corte Constitucional, sin embargo, no ha cambiado de opinión.
La última de estas iniciativas fue interpuesta por la abogada Natalia Bernal, quien pide penalizar el aborto en todas las causales de embarazo y que se considere al feto como un ser humano.
La abogada es apoyada por la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe y del que hace parte el actual presidente, Iván Duque.
El caso de los 7 meses se da en víspera de la decisión de la Corte sobre estas dos demandas, las cuales han arrojado un escenario inesperado para la demandante: el magistrado Alejandro Linares aprovechó para proponer una despenalización completa del aborto hasta la semana 12 de gestación.
En Colombia se realizan 16.878 abortos legales al año, según cifras de 2018 de Profamilia, pero la polémica de este caso en Popayán tiene que ver con los 7 meses de gestación, tiempo en que miles de bebés nacen y son tratados en unidades neonatales.
La Corte Constitucional no puso plazo a la tercera causal de aborto -ni a las otras dos- porque hay casos en los que la vida de la madre se pone en riesgo al final de la gestación: incompatibilidad del feto con la vía intrauterina de la madre, por ejemplo, hecho que solo se puede diagnosticar después de la semana 20.
Pero personas como la senadora Guerra argumentan que esto viola el derecho constitucional a la vida: "La vida es sagrada porque es un maravilloso don de Dios, nadie tiene el derecho a decidir sobre ella, en este caso, ni siquiera la madre, porque ambos -madre y nasciturus- son seres diferentes, con su propio código genético", escribió en una reciente columna.
Guerra fue quien denunció esta semana que el aborto se había realizado y aseguró que Profamilia "ha sido promotor del aborto indiscriminado en Colombia (…) y ha montado un negocio alrededor de esta práctica escabrosa".
La entidad, que dice no tener ánimos de lucro, ha ratificado su "compromiso con la defensa y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres".
El 92% de los abortos que realiza Profamilia se dan en las primeras 15 semanas, dice la institución.
Pero hay mujeres que no logran hacerlo al principio de su embarazo por los obstáculos que establecen las diferentes instituciones públicas y privadas, según especialistas.
"De lo que deberíamos hablar es sobre las barreras que impiden a las mujeres realizar el procedimiento de manera ágil", le dice a BBC Mundo Cristina Rosero, asesora legal en Colombia del Centro de Derechos Reproductivos, una organización civil con sede en Estados Unidos.
"La pregunta es por qué una mujer tiene que acudir a varias instituciones si la ley dice que todas las entidades médicas deben proveer el servicio independientemente de si son laicas o religiosas, públicas o privadas", añade.
Una de las iniciativas de la senadora Guerra es precisamente expandir la objeción de conciencia para practicantes de la medicina, que en Colombia es legal con ciertas limitaciones.
Es otro, uno más, de los debates que afloraron con el caso de los 7 meses.
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