El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA dio la bienvenida a la decisión del Tribunal Constitucional de Colombia de eliminar la sección del código penal que criminaliza la transmisión del VIH.
En un comunicado, ONUSIDA recalcó que la criminalización demasiado amplia de la transmisión del virus es ineficaz, discriminatoria y no apoya los esfuerzos para prevenir nuevas infecciones. La agencia había presentado una alegación ante el Tribunal Constitucional demostrando esa afirmación.
“Los objetivos de salud pública no pueden perseguirse negando a las personas sus derechos individuales. La decisión del Tribunal Constitucional de Colombia es un paso concreto para garantizar que la ley funcione para la respuesta al VIH, y no en contra de ella. ONUSIDA continuará abogando por un entorno legal protector y la eliminación de leyes, políticas, prácticas, estigmas y discriminación punitivos que bloqueen las respuestas efectivas al VIH", expresó Gunilla Carlsson, directora ejecutiva de la agencia.
El Tribunal Constitucional de Colombia estableció que la ley violaba los principios de igualdad y no discriminación, ya que discriminaba a las personas que viven con este virus, las estigmatizaba y limitaba sus derechos.
La Corte además dijo que la ley creaba un tratamiento diferencial que no es razonable y, por lo tanto, constituía una discriminación.También determinó que dicha ley violaba los derechos sexuales de las personas que viven con el VIH y que no era efectivo para cumplir con los objetivos de salud pública.
Según ONUSIDA, la aplicación demasiado amplia e inadecuada de la ley penal contra las personas que viven con el virus del VIH sigue siendo una preocupación grave en todo el mundo. Nueve jurisdicciones en América del Sur y Central y al menos otras 77 en todo el mundo aún criminalizan que las personas con el virus no divulguen que lo tienen, expongan a otras o transmitan el VIH.
En 2018, ONUSIDA, la Asociación Internacional de Proveedores de Atención del SIDA y la Sociedad Internacional del SIDA reunieron a un grupo de expertos y científicos que desarrollaron una declaración de consenso sobre la ciencia del VIH en el contexto del derecho penal. La declaración hace un llamado al sistema de justicia penal para garantizar que la ciencia informe la aplicación de la ley en casos penales relacionados con el VIH.
