Desde el 2017, los abortos se permiten bajo tres condiciones estrictas: si la vida de la madre está en riesgo, si la mujer fue violada o si el feto no es viable.
Cuando la ley que despenalizó el aborto fue promulgada por el gobierno de centro izquierda de la entonces presidenta Michelle Bachelet, se incluyó una cláusula que le permite a los doctores negarse a realizar el procedimiento en base a su conciencia.
Dos años después, una quinta parte de los médicos en hospitales públicos afirman que no realizarán un aborto aunque la vida de la mujer esté en riesgo.
Hay muchos más médicos objetores en las clínicas privadas y cientos de paramédicos y anestesistas también se oponen a prestar sus servicios en abortos.
El doctor Luis Jensen es uno de los objetores de conciencia que trabaja en una clínica privada en Santiago.
"Estudié medicina hace 40 años", declara. "Aprendí en la escuela de medicina que el propósito de los doctores era servir a la vida, restaurar la salud y curar las enfermedades. Nunca nos enseñaron a dar tratamientos diseñados para matar".
El doctor Jensen señala que si la vida de la madre estuviera en riesgo, practicaría un cesárea temprana pues eso, a su parecer, no constituiría un aborto porque el propósito de la operación no sería la destrucción del feto.
Si una mujer hubiera sido violada o su feto fuera inviable, le recomendaría que siguiera con el embarazo. Eso sería mejor que "vivir con la certidumbre de que has matado a tu propio hijo", sostiene.
Camila Maturana es una abogada para la Corporación Humanas, una ONG de derechos humanos, y representa a varias mujeres a las que se les han negado abortos.
Indica que el actual gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera ha hecho más difícil para las mujeres tener acceso a su derecho legal de abortar.
El gobierno de Piñera introdujo nuevas reglas en 2018 que facilitan a los doctores declararse objetores de conciencia.
Los hospitales públicos, por ejemplo, ya no tienen que garantizar la presencia permanente de personal para realizar abortos.
Recientemente, el gobierno también recibió un fallo favorable de la Corte Constitucional que les permite a los hospitales y clínicas privadas negarse a practicar abortos.
Debora Solís, directora de la Asociación Chilena para la Protección de la Familia, que maneja clínicas de salud sexual por todo el país, afirma que la negativa del Estado a proveer abortos legales está forzando a miles de mujeres y niñas a optar por abortos clandestinos, que ponen sus vidas en riesgo.
El diputado conservador Guillermo Ramírez es uno de los que defienden el derecho de los doctores a rehusarse para practicar abortos. "Mi opinión personal es que la objeción de conciencia es un principio liberal que debe defenderse a toda costa", expresa.
Señala que, con recursos limitados, la prioridad no debería estar en proveer abortos en cada hospital. "Chile tiene muchas escaseces médicas. No tenemos un cardiólogo en cada hospital, así que ¿por qué tendríamos doctores para abortos en todos los hospitales?", argumenta.
Asegura que si el primer hospital que visita una mujer no hace un aborto, simplemente se la llevará a otro que sí lo haga.
