Las críticas a la política medioambiental y sus efectos económicos preocupan al Gobierno de Brasil, que insiste en proponer medidas controvertidas.

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La delegación enviada por el Gobierno de Jair Bolsonaro a la Cop25, la Cumbre del Clima celebrada en Madrid el pasado diciembre, incluyó al menos cuatro miembros de los servicios secretos brasileños, según ha revelado el diario Estadão. Durante el encuentro, los espías vigilaron a las ONG, objeto constante de ataques del presidente, a los representantes brasileños y a los de delegaciones extranjeras. La política medioambiental es el gran talón de Aquiles de la diplomacia brasileña desde que Bolsonaro es presidente y no solo suscita críticas sino también provoca pérdidas económicas.

Los recelos de Bolsonaro hacia las ONG vienen de muy atrás. Las ha acusado reiteradamente en falso de ser parte de los problemas ecológicos de la Amazonia, incluso de promover los incendios en la mayor selva tropical del mundo. Pero el Gobierno también recela de las actividades que la Iglesia católica realiza en torno a la Amazonia. Meses antes de la cumbre en España, el Gobierno movilizó a los servicios secretos con el fin de vigilar las reuniones promovidas por la Conferencia Episcopal para preparar el sínodo sobre la Amazonia. A ojos del presidente Bolsonaro, la jerarquía católica de Brasil, gran defensora de los indígenas, está demasiado escorada a la izquierda.

Al Gobierno brasileño le preocupa la imagen de villano ambiental de su presidente porque también tiene efectos económicos. Bolsonaro no quiere que el asunto arruine la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ya tiene notables dificultades del lado de los Veintisiete. Otras consecuencias sin embargo ya se notan, como admitió este martes el presidente del Banco Central de Brasil, al explicar que las inversiones no están regresando a Brasil a la misma velocidad que a otras economías emergentes por “esa percepción en relación con todo lo que sea una agenda de la sostenibilidad, hoy tan diseminada en otros países”, según dijo el presidente de la entidad, Roberto Campos Neto, a CNN Brasil.

Una treintena de grandes fondos internacionales que gestionan casi cuatro billones de dólares expresaron por carta en junio a las autoridades brasileñas su preocupación por la política ambiental. La deforestación se ha acelerado y los incendios aumentan mientras los órganos fiscalizadores han sido debilitados con Bolsonaro al frente del Ejecutivo.

Más allá de haber desplegado en los últimos meses cientos de militares para combatir los fuegos en Amazonia, su política respecto al medio ambiente sigue rodeada de controversia. Este mismo martes el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, defendió aumentar las cabezas de ganado en el Pantanal para que se coman la maleza que sirve de combustible y empeora los incendios. Este rico ecosistema, ubicado al sudeste de la Amazonia, es el mayor humedal del mundo y ha perdido una cuarta parte de su flora en los incendios de este año, los peores desde que existen registros.

El incremento de los incendios en la Amazonia y esta temporada sobre todo en el Pantanal preocupan en el extranjero por sus efectos en el cambio climático, una cuestión que hasta la pandemia encabezaba la agenda política europea.

La Cumbre del Clima, que se celebró en Madrid después de que Brasil y Chile renunciaran a acogerla, era la primera gran cita medioambiental internacional en la que Brasil participaba tras los destructivos fuegos del verano de 2019 que abrieron una notable crisis diplomática con Francia, entre otros países.

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