El Gobierno de Luis Arce cedió ante las movilizaciones antivacunas de sectores sociales del propio oficialismo y suspendió en Bolivia la exigencia a partir del 26 de enero en instituciones públicas y privadas del carné de vacunación contra el Covid-19 o de pruebas negativas de PCR, cuando arrecia la cuarta ola de un contagio masivo sin precedentes y se han registrado decenas de muertes diarias por la enfermedad.

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El ministro de Salud, Jayson Auza, explicó que el Consejo Nacional Estratégico de Emergencia Sanitaria, formado por 11 ministros, resolvió la “suspensión de la presentación del carné de vacunación o prueba de PCR negativa para el Covid-19”, debido a que las protestas se han convertido en focos de contagio y escenarios de violencia.

La decisión fue criticada por autoridades opositoras y, al contrario de lo que se esperaba, no desactivó las movilizaciones porque los manifestantes antivacunas exigen la derogatoria de los decretos que obligan a tener el carné sanitario o la PCR negativa para realizar varias actividades.

Se trata de la tercera vez en un año que Arce recula de forma significativa ante las presiones de las mismas bases del oficialismo, como ocurrió cuando retiró una ley para investigar fortunas supuestamente mal habidas y un proyecto de norma para cobrar impuestos a las plataformas digitales.

En este caso, la exigencia del carné o la PCR inicialmente entró en vigencia el 1 de enero en instituciones públicas, supermercados, bancos, iglesias, universidades, y para el reclutamiento en el Ejército, pero cinco días después fue aplazada al 26 de enero y este miércoles finalmente ha sido suspendida, tras una seguidilla de presiones callejeras de los grupos antivacunas vinculados al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Los manifestantes bloquearon con piedras una carretera troncal entre las ciudades de La Paz y Oruro; una ruta hacia el santuario de Copacabana, fronterizo con Perú; calles en la ciudad de El Alto, y carreteras en la ciudad de Cochabamba (centro), donde se enfrentaron a los agentes policiales.

Entre los protestantes que promovieron estos bloqueos están las asociaciones de comerciantes minoristas de La Paz y El Alto, los maestros rurales, grupos de jóvenes aymaras y asociaciones vecinales que defienden los tratamientos contra el Covid-19 con plantas medicinales, desconfían a las vacunas, pero también se hacen eco de teorías como que la vacunación implanta chips a las personas para controlarlas, según se vio en redes sociales.

Contagios sin precedentes en la cuarta ola de la pandemia

La cuarta ola de contagios atribuida a las variantes Delta y Ómicron no tiene precedentes en Bolivia y ha marcado un récord de más de 11.200 casos diarios y ha causado la muerte de decenas personas cada día, siendo la peor jornada la del martes 18 de enero, con 86 fallecidos.

Desde el principio de la pandemia, Bolivia ha registrado 774.227 contagios y 20.377 decesos y en la cuarta ola la tasa de letalidad se ha situado en 0,6 %, lo que muestra, según el Gobierno, la efectividad de las vacunas frente al 6,2 % de letalidad de la primera ola.

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