En Bolivia, una bolsa de 400 mililitros de plasma sanguíneo de una persona recuperada de la covid-19 puede canjearse por un empleo, el pago de unas deudas o cantidades de dinero que van de los 500 hasta los 3.000 dólares. Este tráfico es una de las consecuencias colaterales de la apuesta del Ministerio de Salud y la mayoría de los centros médicos del país por el plasma hiperinmune, la sangre de quienes han superado la enfermedad que en muchos casos es la última esperanza de los pacientes graves. La mayoría de las donaciones han sido voluntarias, pero las autoridades sanitarias reconocen que ha habido “múltiples transgresiones” mientras los incentivos para aquellos dispuestos a donar el plasma se multiplican: muchas empresas y negocios ofrecen descuentos o regalos para los clientes que lo hayan hecho y al menos dos universidades han anunciado que aceptarán alumnos sin tomarles examen de ingreso si pueden probar que han sido donantes.
La oportunidad que representa para personas de escasos recursos el haber sobrevivido a la enfermedad y la desesperación de las familias de los enfermos han creado las condiciones para un negocio ilegal que prospera en medio del colapso de los servicios sanitarios y que puede ser sancionado con hasta ocho años de prisión. “¿Qué ha distorsionado la donación voluntaria? El miedo, convertido en pánico, a perder a un familiar. Primero, la gente comienza a pedir en redes sociales plasma ante el primer diagnóstico, ante el primer resultado positivo, sin saber si su familiar va a llegar a terapia o si va a necesitar o no el plasma. Para asegurarse...”, explica José Pomacusi, periodista que cubre los efectos de la pandemia en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra, la más afectada por la covid-19 en todo el país. “Segundo, el que tiene dinero o una empresa, ofrece un pago o un empleo a cambio del plasma. Hay quienes ofrecen 500 dólares y quienes llegan a pagar hasta 3.000. El que tiene una empresa le ofrece un empleo al potencial donante, si lo ve desempleado…”, continúa.
En Santa Cruz y otras dos ciudades, Trinidad y Cochabamba, los servicios médicos públicos y privados, en particular las unidades de terapia intensiva, han colapsado. En La Paz, la sede de Gobierno, la situación es solo un poco mejor. Cotidianamente aparecen reportes sobre personas que fallecen luego de haber recorrido varios hospitales sin encontrar un respirador que les permita sobrellevar la infección. “A nadie le deseo lo que yo he pasado... Sé que todo está colapsado, pero los médicos deberían ser un poco más humanitarios y tratar con paciencia a una familia que está con su ser querido agonizando… Tengo una rabia… porque todo lo que sale en las noticias es pura pantalla, porque no hay los equipos necesarios para salvar vidas. Todo es una mentira”, dijo la hija de uno de estas personas al diario El Deber.
La situación de los bancos de sangre, en los que debe realizarse la extracción de plasma de los donantes, no es diferente. En Santa Cruz solo existe una máquina para realizar aféresis de plasma. Los esforzados operadores de la misma han logrado pasar de 10 a 30 extracciones por día para responder a la emergencia, pero, aun así, no abastecen la extraordinaria demanda. Desde hace semanas que vienen solicitando la adquisición de dos máquinas más, pero el Ministerio de Salud no les ha respondido. Incluso si la donación de plasma es gratuita, cuando el receptor de la misma no tiene seguro médico debe pagar 3.200 bolivianos (unos 460 dólares) para acceder al banco de sangre. Es un servicio público, pero necesita cobrar este monto para reponer el dispositivo y las sustancias que usa para realizar la extracción. La suma sobrepasa en más de 100 dólares el salario mínimo del país.
No es la única dificultad que los más pobres deben enfrentar en busca de atención médica. Para que el plasma pueda ser usado, se necesita que el donante pruebe que sus test de covid-19 han dado positivo, primero, y, luego, negativo. Es decir, que efectivamente ha enfermado y luego curado. El problema está en que los servicios públicos no entregan un documento en el que quede registrado que el resultado del examen ha sido positivo; esto solo ocurre si la prueba se efectúa en el sistema de laboratorios privados. Este impedimento burocrático complica la obtención de donantes. Por otra parte, el beneficiario del plasma debe pagar de su bolsillo el examen privado para verificar que el donante es negativo en el momento de la transfusión, ya que las pruebas gratuitas que provee el Estado son en extremo escasas. Para ello necesita otros 1.000 bolivianos (143 dólares).
En suma, el tratamiento con plasma solo está a disposición de los bolivianos más acomodados, como también ocurre con los otros procedimientos contra la covid-19. El 60% de las unidades de terapia intensiva y un 80% de los respiradores que existían antes de la pandemia eran privados. Los cambios que pudieran haberse dado en este último periodo no se han medido todavía.
Los centros médicos de pago cobran entre 500 y 1.500 dólares diarios a los pacientes graves, sin contar la tasa por el respirador. Un ciudadano denunció que tuvo que pagar 70.000 bolivianos (10.000 dólares) por cuatro días de atención a su hijo en la clínica más lujosa de Santa Cruz. La mayoría de los seguros privados no cubren los efectos de una pandemia, así que ha aparecido uno especial que cuesta alrededor de 160 dólares anuales. Al mismo tiempo, los servicios de salud mixtos, que son propiedad del Estado, la patronal y los sindicatos, y que aquí se llaman “cajas de salud”, exigen que los pacientes hayan pagado todas sus cuotas antes de darles autorización de internación.
