La sentencia, que fue celebrada por familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, involucra a los exintegrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército argentino Luis Angel Firpo, Roberto Dambrosi, Jorge Bano, Eduardo Ascheri y Marcelo Cinto Courteaux los cuales fueron condenados a cadena perpetua.
De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el tribunal denegó, por el momento, la prisión domiciliaria de los condenados hasta tanto se verifique la salud de los mismos, cuya edad supera los 70 años.
Esteban Rodríguez Eggers, juez encargado de llevar el caso, señaló que los hechos investigados “constituyen delitos de lesa humanidad". Todos los acusados, de acuerdo con la sentencia, deberán cumplir condena en cárceles comunes.
Asimismo, la Justicia argentina determinó enviar una comunicación al Ministerio de Defensa para establecer la baja por exoneración de los condenados y la suspensión de retiro, pensión o jubilación que pudieran estar gozando.
Previo a la exposición de los acusados, en el que emitirían sus últimas palabras en torno a la investigación, el tribunal suspendió la lectura del veredicto para Jorge Apa, el sexto involucrado, luego de que su abogado solicitara la suspensión del proceso bajo el argumento de “deterioro cognitivo progresivo” y para lo cual presentó un certificado médico.
Pese a las quejas de la Fiscalía y las querellas, el TOF decidió suspenderle la audiencia y abrir un período de 10 días en los que un equipo médico forense lo analizará y verificará su estado de salud mental.
Organización guerrillera Montoneros, una lucha con causa social
El juicio, que comenzó el 9 de abril de 2019, remonta los hechos al último año de la década de 1970 cuando la organización guerrillera Montoneros decidió llevar adelante una contraofensiva entre 1979 y 1980. Esta, que consistió en el reagrupamiento de militantes exiliados en diferentes países, tenía como finalidad resistir la dictadura militar y generar apoyo social con el objetivo de que el llamado terrorismo de Estado llegara a su fin.
Durante el juicio, en el que participaron más de 250 testigos, se abordaron crímenes de lesa humanidad cometidos por los acusados entre los que se destaca la privación ilegal de la libertad (secuestro), torturas y homicidios contra 94 víctimas entre 1979 y 1980.
De acuerdo con los fiscales, 70 de las víctimas que integran el núcleo del juicio permanecen desaparecidas y doce fueron asesinadas durante operativos represivos
Por otro lado, en cuanto a las víctimas de secuestro, muchas fueron llevadas al centro de detención Campo de Mayo, donde habrían sido torturadas y mantenidas en absoluta clandestinidad.
La investigación, en principio, fue abierta en contra de nueve exintegrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército que fueron imputados. No obstante, tres de ellos (Raúl Guillermo Pascual Muñoz, Carlos Blas Casuccio y Alberto Daniel Sotomayor) murieron durante el proceso sin ser condenados.
En el juicio, la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo fue querellante en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y otros particulares.
De acuerdo con la publicación argentina ‘Página 12’, decenas de sobrevivientes y familiares de militantes, que siguieron el juicio de manera remota debido a las restricciones de espacio por la pandemia, celebraron cada una de las condenas con puños en alto, risas y llantos.
