“Eso que llaman amor es trabajo no pago”, podía leerse en pancartas de la gran movilización del 8 de marzo en Buenos Aires por el Día Internacional de la Mujer, dos semanas antes de que el Gobierno decretase la cuarentena obligatoria por la pandemia de la covid-19. En Argentina, de cuantificarse, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representaría el 15,9% del PIB. El cálculo lo convierte en el sector con mayor peso en la economía nacional, seguido por la industria (13,2%) y comercio (13%), según el primer informe del Gobierno argentino sobre trabajo no remunerado.
El documento se basa en estimaciones a partir de los últimos datos oficiales disponibles, de 2013, que revelan que las mujeres realizan el 75% de las tareas como cuidar, limpiar y cocinar, frente al 25% de los hombres. En total, ellas dedican 96 millones de horas por día a trabajar en casa sin recibir pago alguno. Si se remunerase, el valor ascendería a 3.027.433 millones de pesos al año (38.813 millones de dólares).
“Esta distribución asimétrica contribuye a explicar que su participación en el mercado laboral sea más baja que la de los varones. También incide en que tengan trabajos más precarios, que implican a su vez una mayor desprotección social, por ejemplo no tener acceso a una obra social y, en un futuro, tener una mayor dificultad para acceder a una jubilación por no tener aportes. Las mujeres presentan mayores niveles de desocupación, ganan menos y, por consiguiente, son más pobres. En este sentido, es imprescindible entender que las condiciones del trabajo remunerado están estrechamente ligadas a cómo se resuelven las tareas no remuneradas”, advierte el informe.
Durante la pandemia, esas tareas que se realizan de manera invisible entre las cuatro paredes del hogar “quedaron expuestas, dejando en evidencia las repercusiones de una nueva normalidad difícil de sostener en el tiempo sin transformaciones sustanciales”. Mientras casi todas las actividades económicas cayeron por el aislamiento obligatorio, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado se disparó hasta equivaler el 21,8% del PIB.
“Estas tareas se vieron incrementadas debido a que las escuelas permanecen cerradas para no seguir desparramando el virus, así como los espacios de cuidado y de sociabilización de niños y niñas, clubes, lugares donde van a jugar o encontrarse, e incluso es más baja la movilización de abuelas, tías, primas, amigas que vienen a facilitar las tareas de cuidado también en los hogares”, detalla en un encuentro con corresponsales extranjeros Mercedes D’Alessandro, titular de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, a cargo de la elaboración del informe. La sobrecarga laboral femenina ha aumentado con nuevas demandas, como la ayuda a los hijos con sus clases virtuales y los deberes.
Con las cifras en la mano, el Ejecutivo presidido por Alberto Fernández planea llevar adelante políticas públicas que permitan reducir el reparto inequitativo de estas tareas y su impacto en otros ámbitos, señala Lucía Cirmi, directora nacional de políticas de cuidado del Ministerio de Mujeres, géneros y diversidad. Entre las prioridades está ampliar y mejorar la red de servicios públicos de cuidado, tanto de personas mayores como de niños y niñas. Hoy, quienes cuidan a personas mayores en residencias de la seguridad social argentina (PAMI), reciben 86 pesos la hora (poco más de un dólar). En el caso de los centros públicos de primera infancia, para la edad de dos años, la cobertura es de tan solo el 11%.
El presupuesto de 2021, que se presentará la semana que viene, incluirá por primera vez la perspectiva de género. Esto supone la inclusión de partidas que ayudan a reducir la brecha entre hombres y mujeres, como la construcción de nuevos jardines de infantes o el énfasis en la urbanización para brindar acceso a servicios básicos como agua corriente, anticipa D’Alessandro. La falta de conexión a la red de agua —que afecta al 14% de los hogares urbanos— complica las tareas domésticas y aumenta el tiempo que dedican las mujeres a ellas.
“Como respuesta al pedido de los movimientos sociales, populares y feministas en las calles, el Gobierno puso mucho foco en la desigualdad en los cuidados porque entendía que otros temas con más prensa, como la violencia o la brecha salarial, en el fondo se terminan explicando por estas desigualdades”, afirma Cirmi. La campaña Cuidar en igualdad, el derecho a interrumpir el teletrabajo para dedicarse a tareas de cuidados y la presencia récord de mujeres en altos cargos gubernamentales están orientadas también a reducir la brecha de género, agrandada aun así durante la pandemia.
La principal medida del Gobierno para contrarrestar el impacto del aislamiento obligatorio en la población más pobre ha sido el Ingreso Familiar de Emergencia, que reciben casi nueve millones de personas, de las que el 55,7% son mujeres. Este subsidio está dirigido a trabajadores sin empleo formal, pero incluye como única excepción a las empleadas domésticas registradas porque además de tener los salarios más bajos del sistema productivo, muchas han visto cómo se los reducían aún más y se han quedado también sin otros pequeños trabajos complementarios en negro.
La emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 ha tenido otro efecto adverso para el avance de la agenda feminista en Argentina: ha dejado en suspenso el envío al Congreso de un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. La asesora presidencial Cecilia Nicolini evita responder cuándo se debatirá la iniciativa, pero asegura que el compromiso de Fernández se mantiene intacto. “La agenda de igualdad del Gobierno no es circunstancial sino que es una política para transformar Argentina”, subraya Nicolini. La pandemia y la grave crisis económica complican ese ambicioso objetivo.
