El epicentro del terremoto feminista que está transformando Argentina se registró el 11 de mayo de 2015 en Twitter. Ese día, la policía localizó el cadáver de Chiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada que había sido golpeada hasta la muerte y enterrada en el patio de los abuelos de su novio. En medio de la indignación generalizada de todo el país, la periodista Marcela Ojeda lanzó un desafío: “Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales ... mujeres, todas, bah.. ¿no vamos a levantar la voz? NOS ESTAN MATANDO”. Una colega respondió a su tuit con la propuesta de convocar una gran movilización. La aceptación fue inmediata y a los pocos días se fijaba una fecha y una consigna que cuatro años después sigue vigente: 3 de junio, Ni Una Menos.
Este lunes se repitió la manifestación por quinta vez consecutiva. "Ni Una Menos", "Vivas nos queremos", podía leerse en pancartas, camisetas, pañuelos y mochilas de quienes se concentraron hoy en el centro de Buenos Aires. Los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres no han disminuido en los últimos cuatro años, pero se han creado registros oficiales y se ha generalizado la condena social.
Según el último Informe de femicidios de la Corte Suprema, en 2018 hubo en Argentina 278 víctimas mortales de violencia de género: una cada 31 horas. 255 de ellas fueron víctimas directas y 23, feminicidios vinculados, es decir, hijos u otros familiares cercanos vinculados a la asesinada. El dato supone un aumento de casi el 2% respecto a un año antes, cuando el número de víctimas registradas fue de 273, entre las que hubo 22 feminicidios vinculados.
Las organizaciones feministas consideran insuficiente el presupuesto y los recursos asignados a la ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Pasa lo mismo con otras normas relacionadas: falla su aplicación. Argentina aprobó en 2006 una ley que obliga a las escuelas a impartir educación sexual integral, pero muchas la incumplen, tal y como han denunciado en el último año los estudiantes de secundaria. En 2015 se promulgó la ley de defensa gratuita para las víctimas de violencia de género, pero en 2019 apenas hay una abogada por provincia en las once en las que se ha puesto en marcha. El año pasado el Gobierno de Mauricio Macri reglamentó la ley Brisa, que ofrece una reparación económica a los hijos menores de edad de las mujeres asesinadas para ayudar a los tutores que quedan a cargo. Cobrar esa ayuda, sin embargo, es muy difícil, denuncian los familiares.
Al margen de la reacción institucional, Ni Una Menos ha desencadenado un gran cambio social que ha sacado a la luz otros tipos de violencia machista que estaban silenciados y a veces naturalizados, como el acoso, los abusos sexuales y la discriminación laboral.
Por otro lado, en el día de ayer, uno de los laterales de la plaza de los Dos Congresos fue tomado hoy por estudiantes de secundaria, ariete de la movilización para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. "Aborto legal en el hospital", cantaban en círculo las adolescentes, con pañuelos verdes al aire, a la espera de marchar hacia Plaza de Mayo. "Se cuidan los machistas, América Latina va a ser toda feminista", fue otro de los cánticos más repetidos en las calles de Buenos Aires.
En 2018, el Congreso argentino trató por primera vez un proyecto de ley que legalizaba el aborto hasta la semana 14 y provocó que miles de mujeres se animasen por primera vez a romper el tabú y contar en público cómo abortaron de forma clandestina. El Senado rechazó la iniciativa legislativa, pero hace solo una semana miles de personas pidieron la reapertura del debate y este lunes volvieron a hacerlo. Según estimaciones extraoficiales, cada día cerca de mil mujeres interrumpen voluntariamente su embarazo.
