Sociedad

Amnistía Internacional alerta sobre leyes que reprimen a las ONGs

Cincuenta países ponen contra las cuerdas a las organizaciones sin fines de lucro.

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Pakistán, Nepal, Hungría, Azerbaiyán o Polonia son algunos de los países que están en el punto de mira de Amnistía Internacional por limitar la acción de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. AI alerta en su informe“Leyes Concebidas para Silenciar: Ataque Mundial a las Organizaciones de la Sociedad Civil” de que al menos 50 Estados están promoviendo leyes para obstaculizar la libertad de asociación y el trabajo de ONGs. “Sólo en los últimos dos años se han aprobado 40 instrumentos legales que interfieren con el derecho de asociación”, precisa el documento.

En países como Rusia, China o Azerbaiyán se exigen actualmente muchos más requisitos que antes para poder registrar organizaciones y presentar investigaciones. El incumplimiento de tal norma comporta enfrentarse a penas de cárcel. En general, la estrategia para tener bajo control a dichas entidades es ahogarlas en un sinfín de trámites burocráticos.

No pocas veces para poder seguir funcionando deben “bajar el tono” y autocensurarse. En los casos más graves son clausuradas y sus representantes enviados a la cárcel. Los argumentos para llegar a estos extremos van desde “la seguridad nacional, la preocupación por las injerencias extranjeras o la necesidad de proteger la identidad nacional, la moral y las creencias religiosas”.

En Pakistán, el Ministerio del Interior rechazó sin ninguna justificación la solicitud de inscripción en el registro de 18 ONGs  internacionales, entre ellas Ayuda en Acción, y en octubre del 2018 ordenó que saliera del país. En Polonia, el anteproyecto de Ley de Transparencia de la Vida Pública de 2017 “obligaría a las ONGs que lleven a cabo labores de incidencia y de campaña a revelar información sobre sus donantes o, de lo contrario, exponerse a elevadas multas”.

AI documenta también el paquete de leyes denominado “Stop Soros”, aprobado en el 2018 en Hungría, “que está deliberadamente concebido para atacar a las personas y organizaciones que llevan a cabo actividades de apoyo a las personas refugiadas y migrantes”.

El informe reivindica que se deje de criminalizar a quienes defienden los derechos humanos. En este grupo también está Estados Unidos que ha recuperado la regla mordaza global de 1984, una norma que “bloquea la asistencia médica general a todas las ONGs extranjeras que utilizan sus fondos propios para prestar servicios de aborto o asesoramiento”.

En algunos países, la ofensiva se dirige a las organizaciones volcadas en los derechos de los grupos marginados, las especializadas en los migrantes y refugiados, en los derechos de las mujeres, de las personas LGBTI y también de los ecologistas.

La lista no se detiene en ninguno de los continentes. En Asia, el proyecto de Normativa de Integridad Nacional de Nepal, propuesto en el 2017, obligaría a las ONGs a pedir permiso al Gobierno para recibir donaciones.

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