Las charlas de educación sexual integral permiten que identifiquen situaciones de abuso y las denuncien.

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"En un momento, esos abrazos y besos me empezaron a poner incómodo". "Me decía que era un juego, un juego entre nosotros dos del que nadie se tenía que enterar". Estos testimonios, usados en un anuncio gubernamental argentino contra el abuso sexual infantil, subrayan la manipulación ejercida sobre los menores, a quienes se les presenta el abuso como un juego o un acto de amor. Casi siempre el perpetrador es alguien del entorno familiar del niño o adolescente, lo que complica aún más que entiendan lo que ocurre. El 80% de los menores que denuncian se dieron cuenta por primera vez de que eran víctimas de este delito en la escuela, cuando en las clases de educación sexual integral (ESI) escucharon qué no podían hacerles en relación a su propio cuerpo, según el Ministerio Público Tutelar de Buenos Aires, que toma declaración a menores en procesos judiciales contra la integridad sexual.

"En el transcurso de la entrevista ocho de cada diez niños dicen que pudieron comprender que fueron víctimas cuando la ESI les dio información. Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que en la escuela se abría un espacio de confianza para contar lo sucedido", dice Yael Bendel, asesora del Ministerio Público Tutelar.

Florencia Pieruzzini, profesora de Letras, explica que en primaria aborda el abuso sexual a partir de la lectura de la novela Otroso, de Graciela Montes, donde un grupo de chicos corta el pelo y manosea a una chica. "Permitió trabajar la diferencia entre lo que era acoso, abuso sexual y violación y eso les permitió dimensionar si alguna vez les había pasado porque relacionaban el abuso con violación y pensaban 'bueno, nunca me pasó algo tan severo", recuerda Pieruzzini.

"El trabajo con la ESI y el reconocimiento de sus corporalidades y propios límites lleva a que los chicos y las chicas sean más conscientes de aquellas situaciones en donde esos mismos límites fueron violentados ya sea por insistencia del entorno, o por una acción directa de un par o algún familiar mayor", señala esta docente. En su experiencia con alumnas de secundaria, por ejemplo, estas charlas "les hicieron replantearse situaciones sufridas, que no siempre tienen que ver con un abuso pero sí con situaciones en las que no se sentían cómodas a las que accedieron por pertenecer", detalla.

Bendel destaca que son más numerosas las denuncias procedentes de escuelas públicas que en las privadas. A su juicio, no significa que haya más abusos entre los alumnos de las primeras, sino que reciben más educación sexual integral y mayor acompañamiento para denunciar: "En algunas escuelas de gestión privada, sobre todo las religiosas, la ESI no se da como corresponde. A veces esconden los abusos o dan aviso a los padres en vez de a un organismo de prevención. Y en estos casos, donde la mayoría de abusos son intrafamiliares, contárselo a los padres no va detener el abuso o incluso lo va a hacer peor".

La educación sexual integral es obligatoria por ley en Argentina desde 2006, pero hay escuelas y padres que se resisten a su enseñanza. Según la última prueba Aprender, se impartió de forma desigual en las aulas: más del 90% de los alumnos de primaria asistieron en 2018 a alguna clase sobre cuidado del cuerpo, pero menos de la mitad recibió información sobre cómo evitar abusos sexuales y prevención de embarazos y de enfermedades. Ese mismo año, más de una decena de escuelas de Buenos Aires fueron ocupadas por alumnos para exigir una mejor educación sexual y respaldar la iniciativa parlamentaria de interrupción voluntaria del embarazo, que fue rechazada por el Senado.

En 2019 se impulsó una reforma de la ley actual que refuerza su obligatoriedad y elimina la posibilidad de que las escuelas adapten estos contenidos al "respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros". La iniciativa chocó con la oposición de la Iglesia católica, de las evangélicas y de padres enarbolados bajo la consigna "Con mis hijos no te metas" y no ha sido tratada en la Cámara Alta.

Los datos difundidos por el Ministerio Público Tutelar y adelantados por el diario Página 12, engloban los últimos cinco meses de trabajo, desde que el pasado agosto firmaron un convenio de cooperación con la Procuración General de la Nación para recibir causas de delitos contra la integridad sexual. Hasta entonces, en la sala de entrevistas especializada tomaban declaración a menores en causas por lesiones. "Antes teníamos uno o dos testimonios por día y desde que tomamos los abusos hay al menos entre tres o cuatro", señala Bendel.

Hasta los seis años, no hay diferencias por género en los abusos denunciados, pero después se vuelven más frecuentes sobre niñas y adolescentes. En total, ellas responden al 65% de las causas abiertas, frente al 35% de víctimas varones. Como ocurre también en los casos de violencia machista, el agresor suele estar en casa: ocho de cada diez abusadores son familiares o conocidos de la víctima. "Ningún adulto puede obstaculizar que reciban ESI. La única manera de que los niños sepan que sus derechos son vulnerados es que los conozcan", concluye Bendel.

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