Este martes, cientos de veteranos militares guatemaltecos tomaron las instalaciones del Congreso de Guatemala, en un episodio violento. Los excombatientes exigieron una compensación económica por prestar sus servicios en la guerra interna entre 1960 y 1996, que dejó más de 250.000 muertos y desaparecidos. Sin embargo, informes de organismos internacionales aseguran que más del 90 por ciento de estas muertes y desapariciones, son responsabilidad del Ejército de Guatemala.

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Este martes, cientos de veteranos militares guatemaltecos tomaron las instalaciones del Congreso de Guatemala, ubicado en el centro de la capital. Esto, con la finalidad de presionar la aprobación de una iniciativa de Ley que los compense económicamente por su participación en el conflicto armado interno entre los años 1960 y 1996.

Para ingresar al Organismo Legislativo, los exmilitares rompieron vidrios de puertas del edificio y ocasionaron daños al portón del parqueo de las instalaciones.

En una entrevista para France 24, Emiliano Castro, testigo y periodista de la agencia EFE en Guatemala, habló al respecto. “Es la tercera jornada seguida de manifestaciones de los militares retirados que piden esta compensación. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, usaron palos y machetes en una jornada más violenta. Los manifestantes quemaron cinco carros, hirieron a varias personas, entre ellas, tres periodistas. Básicamente, ingresaron a hacer destrozos y a quemar oficinas”. Por lo último, se reportó humo en el interior de las instalaciones.

Trabajadores del Legislativo quedaron atrapados en el interior del edificio. Entre ellos, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel. Sin embargo, todos lograron abandonar el lugar de los hechos.

Aun así, Castro aseguró que “el panorama no es concluyente, aunque en este momento estaría controlado por las fuerzas del orden”, y agregó que “hay dos detenidos”.

Karina Paz, testigo y diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza en Guatemala, dijo en una entrevista para France 24, que “a las 2 de la tarde, ya había 800 exmilitares tomando el Congreso. Dentro del hemiciclo nos comentaron que el Congreso había sido tomado por los exmilitares. Nos resguardamos durante una hora y media dentro del Congreso”. Otros empleados subieron al techo para escapar del grupo que ingresó a la fuerza.

Ente tanto, Paz instó a “los integrantes de la Junta Directiva y al presidente de la República a hablar con este grupo de exmilitares”.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecen en el Congreso, aunque algunos oficiales fueron obligados a retirarse luego de que algunos exmilitares corrieron detrás de ellos.

Los excombatientes del conflicto armado interno se han manifestado durante las últimas dos semanas, bloqueando carreteras. Sin embargo, estas protestas llevan varios meses, en las que también han realizado concentraciones frente al Legislativo. Los exmilitares exigen su remuneración, pues aseguran que fue una promesa de Alejandro Giammattei, actual presidente de este país, durante su campaña electoral.

¿Qué implica la iniciativa de ley 5664?

La iniciativa de ley 5664 fue solicitada por los veteranos de la guerra. Sin embargo, fue presentada por Felipe Alejos Lorenzana y Ana Victoria Hernández Pérez, los diputados de la bancada TODOS.

El proyecto de ley establece un pago de 120.000 quetzales (15.500 dólares aproximadamente) para cada uno de los exmilitares (alrededor de 900.000) que prestaron sus servicios durante el conflicto armado en Guatemala entre 1960 y 1996. Si el excombatiente ya falleció, el pago debería ser entregado a sus familiares. Se dividiría en cuatro cuotas anuales. Pero este proyecto de ley aún se encuentra bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso.

La guerra interna que socavó Guatemala acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Dejó más de 250.000 muertos y desaparecidos en los 36 años de enfrentamiento. Informes de organismos internacionales aseguran que más del 90 por ciento de estas muertes y desapariciones, son responsabilidad del Ejército de Guatemala.

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