"20 días en huelga de hambre contra el 'criminal bloqueo' del régimen a la ayuda de la Unpacu a los pobres", escribió en su cuenta de Twitter el líder opositor desde su confinamiento en la sede del grupo en la ciudad oriental, unos 900 kilómetros al este de La Habana.
Ferrer refirió además que este jueves recibió la visita del arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, quien se interesó por la salud de los activistas participantes en el ayuno.
El que fue preso político y actualmente coordinador general de la Unpacu inició el 20 de marzo un ayuno, al que se sumaron activistas y simpatizantes dentro y fuera de la isla, para reclamar el fin de los actos de represión y hostigamiento contra los disidentes, así como de un cerco policial que mantiene sitiada la sede de la Unpacu desde hace varias semanas.
La esposa de Ferrer, la médica Nelva Ortega, publicó un reciente video en su cuenta de Twitter en que dijo que administró "una inyección de cimetidina a @jdanielferrer debido a que presenta fuertes dolores estomacales y acidez".
La protesta encabezada por Ferrer tiene el apoyo de otras organizaciones opositoras como Cuba Decide y el Movimiento San Isidro, y ha llamado la atención de personalidades como la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en La Habana publicó este jueves en Twitter: "Estamos alarmados por el empeoramiento de la situación en Santiago de Cuba y profundamente preocupados por la salud de los involucrados".
"Instamos al gobierno cubano a tomar medidas para desescalar la situación y respetar los derechos de expresión y reunión", agregó en otro tuit.
José Daniel Ferrer, de 50 años, integró el "grupo de los 75" disidentes en 2003 durante la ola represiva conocida como "primavera negra", que fueron liberados entre 2010 y 2011 con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia católica y el Gobierno español.
Fue uno de los 12 miembros de ese grupo que decidieron permanecer en Cuba tras su excarcelación.
Desde entonces ha sido detenido en innumerables ocasiones, la más prolongada entre octubre de 2019 y abril del año pasado, cuando fue acusado de lesiones, secuestro y atentado por supuestamente agredir a otro hombre.
Por esa causa el líder de Unpacu permaneció 6 meses en prisión preventiva hasta que en abril de 2020 le fue impuesta una sanción de reclusión domiciliaria de 4 años y medio tras ser juzgado a puerta cerrada, en un caso que concitó críticas internacionales, entre ellas las del Parlamento Europeo.
Las autoridades cubanas, por su parte, sostienen que Ferrer tiene una "larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y la legalidad", niegan que se trate de un preso político y le han acusado públicamente de ser un "agente asalariado al servicio de Estados Unidos".
