Una presunta red de espionaje masivo tiene al Gobierno indio contra las cuerdas. La Corte Suprema del país ordenó la formación de un comité independiente que investigue al Estado por presuntamente espiar a decenas de rivales políticos, activistas, empresarios y periodistas, entre otros.
El grupo de expertos está habilitado para llamar testigos, exigir documentos oficiales y tomar medidas contra los presuntos involucrados o el Gobierno en caso de negarse a cooperar con las pesquisas.
La delegación estará integrada por tres expertos en ciberseguridad y su trabajo será supervisado por un juez retirado del máximo tribunal. Los resultados de las indagaciones deberán ser presentados en un plazo máximo de dos meses.
Según las acusaciones, las autoridades habrían interceptado los dispositivos mediante el software Pegasus, de la compañía israelí NSO, una herramienta cibernética capaz de interceptar un teléfono inteligente, extraer su contenido, prender el micrófono y la cámara y escuchar las llamadas de su propietario sin dejar el menor rastro.
La oposición india ha exigido que las autoridades de su país expliquen cómo y para qué presuntamente utilizaron el mecanismo de inteligencia israelí.
Los jueces del tribunal indio criticaron la negativa del Gobierno del primer ministro Narendra Modi de pronunciarse frente a los señalamientos y afirmaron que hasta ahora Nueva Delhi solo ha entregado “una vaga negación de las acusaciones”.
“El Estado no puede obtener un pase gratis (para supuestamente espiar) planteando preocupaciones de seguridad nacional. Ninguna prohibición puede ser reclamada contra la revisión judicial”, subrayaron los magistrados.
Siddharth Varadarajan, fundador y editor del sitio web indio sin fines de lucro 'Wire' y quien colaboró en la investigación periodística, aseguró en una entrevista a ‘The Guardian’ que el anuncio de este miércoles “es un buen comienzo. La Corte Suprema se ha negado con razón a comprar la lógica de 'seguridad nacional' del Gobierno”, dijo.
La investigación periodística que detonó el escándalo por interceptaciones
La orden del tribunal indio llega después de la investigación de un consorcio Forbidden Stories, integrada por 17 medios de comunicación internacionales que el pasado julio reveló un informe en el que asegura que los teléfonos móviles de 50.000 personas de interés en distintos países fueron hackeados por sus gobiernos.
Entre los presuntos espiados aparece Hatice Cengiz, la prometida del periodista saudita Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de su país en octubre de 2018, en Estambul; así como corresponsales extranjeros de France 24, reporteros de otros medios de comunicación como la agencia estadounidense de noticias AP, 'CNN', 'The New York Times', 'Le Monde', 'Financial Times' y de la cadena árabe 'Al Jazeer'a, entre otros.
En India, entre los supuestos blancos espiados aparece un listado de más de 1.000 números telefónicos correspondientes a periodistas y adversarios políticos como el líder de la oposición, Rahul Gandhi, funcionarios del Gobierno y defensores de derechos humanos, algunos de ellos hoy encarcelados.
En ese país las investigaciones podrían tener amplias repercusiones, pues las leyes de vigilancia permiten las escuchas telefónicas, pero prohíben la "piratería", incluso por parte del Estado.