Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno de Luis Lacalle Pou optó por una estrategia cuidadosa, enfocada en hacer sintonía fina entre salud y economía. Así, evitó la cuarentena obligatoria y apeló a la responsabilidad de la población. Esta estrategia hasta ahora ha dado buenos resultados: los contagios —con 734 casos confirmados y 20 víctimas mortales— pudieron contenerse y los indicadores económicos están sufriendo caídas menos severas en comparación con los países vecinos.
Los primeros cuatro casos confirmados de coronavirus se conocieron en el país el martes 13 de marzo. El mismo día el gobierno declaró la emergencia sanitaria y anunció las primeras medidas: se suspendieron las clases, los eventos masivos, las actividades no esenciales y se ordenó el cierre de fronteras. A la vez, el Ejecutivo lanzó la “Operación Todos en Casa”, para repatriar a los uruguayos que quedaron varados en el exterior en medio de la pandemia.
Por otro lado, el gobierno evitó dictar una cuarentena obligatoria, tal como venía pidiendo la oposición del izquierdista Frente Amplio. En lugar de esa medida, apeló a la responsabilidad de los ciudadanos, recomendando limitar las salidas a la calle. De esta forma, permitió que la actividad laboral continuara.
“Es fácil decir que no trabajen, pero hay que estar ahí. Estamos tratando de que los motores de la economía anden para que los uruguayos puedan salir adelante”, dijo Lacalle Pou a principios de mayo.
El país está usando un nuevo enfoque incluso para recaudar los fondos necesarios para la respuesta al brote. Uruguay, un país de tres millones de habitantes, aprovechó su relación con los bancos regionales de desarrollo pidiendo prestados US$1.400 millones en líneas de crédito de bajo costo para financiar las medidas contra el Covid-19 sin depender de los volátiles mercados de bonos, como lo hacen sus pares regionales.
Paralelamente, el gobierno creó un “Fondo Coronavirus" para el que ministros y legisladores y otros funcionarios públicos rabajaran un 20 % su salario para hacer frente a la enfermedad de la COVID-19. La medida, aprobada con la votación unánime de la Cámara de Diputados, recaudó hasta ahora 12 millones de dólares.
Al mismo tiempo se desató la solidaridad de los privados: el agro donó 100 millones de dólares, las marcas de comida alimentos para canastas, distribuidas gracias a miles de voluntarios.
El gobierno planea gastar USD 400 millones y canalizar más de USD 2.600 millones en préstamos a empresas para mitigar las consecuencias para la sociedad de la pandemia. Lacalle Pou, quien comenzó su mandato de cinco años el 1 de marzo, está lidiando con la mayor desaceleración de su país desde que una crisis financiera regional provocó que la economía se desplomara en 2002. El Ejecutivo heredó además un alto déficit fiscal y altos niveles de gasto público.
En mayo, el país comenzó su regreso a la normalidad. A principios de mes reabrieron las oficinas de la administración pública para atender a los ciudadanos y las escuelas rurales, mientras en las próximas horas podría darse el anuncio de una vuelta paulatina de toda la actividad escolar, incluso en las grandes ciudades.
Se reanudaron además algunas actividades comerciales, que se ha dejado en mano de los propietarios, y 400 obreros volvieron al trabajo a modo de experimento para comprobar cómo reacciona el sector de la construcción.
El presidente uruguayo ha defendido que, “si se toman los recaudos, si se aplica el distanciamiento social y se usa tapaboca, salir no está desaconsejado”. “Cuando pasa el tiempo, la gente empieza a sufrir las consecuencias del aislamiento”, sostuvo.
Así, adelantó que en las próximas semanas se producirán “más aperturas”. “Ya ahí, esperamos el buen uso de la libertad por parte de los uruguayos", apostilló.
