En el caso de las niñas, adolescentes y mujeres que viven en la ruralidad y de los pueblos y nacionalidades del país, el pleno ha hecho una excepcionalidad al considerar sus «características especiales». Ellas podrán acceder a una interrupción legal del embarazo hasta la semana 18, mientras que para las víctimas con discapacidad mental se «observará las mejores prácticas médicas».
«Hoy las mujeres mayores de 18 años nos vamos a sacrificar por las niñas violadas de este país. La mayoría de la Comisión de Justicia ha tomado una decisión sumamente dolorosa, una decisión que va a perseguir a este período de la Asamblea por siempre porque hemos tenido que regatear los plazos justos. Hemos tenido que ceder en contra de nuestra voluntad para llegar a un consenso», dijo la asambleísta Johanna Moreira, ponente del proyecto, durante la sesión parlamentaria.
El aborto por violación se despenalizó en abril de 2021, después de que la Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Penal, que solo permitía abortar a las víctimas de violación con discapacidad mental. En la sentencia, la Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo que elabore en dos meses un proyecto de ley que norme el acceso al procedimiento, el cual debía aprobarse en el Legislativo hasta diciembre del año pasado.
Sin embargo, las diferencias de los grupos parlamentarios se estancaron en tres puntos críticos: los plazos, los requisitos y la objeción de conciencia del personal de salud, lo que dilató el debate por casi dos meses.
El proyecto de ley de aborto por violación
Con la ayuda del movimiento de mujeres, la Defensoría del Pueblo presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que no establecía plazos para acceder al aborto.
«No podríamos decir que hasta el tercer mes se puede interrumpir el embarazo porque depende de la condición de cada víctima.Además, lo que impulsa esta ley es que haya un completo acompañamiento para que se pueda determinar en qué etapa se puede interrumpir», dijo a Efeminista la entonces defensora del Pueblo, Zaida Rovira.
No obstante, ya en el interior de la Comisión de Justicia, el fantasma de la falta de votos necesarios para aprobar el proyecto y el posterior anuncio de un veto por parte del presidente Guillermo Lasso hizo que los impulsores de la norma empezaran bajar poco a poco los plazos hasta llegar a las 16 semanas para las víctimas mayores de 18 años y 18 semanas para las menores y mujeres con vulnerabilidades.
Ya en el pleno, esta primera moción solo consiguió 66 de los 70 votos necesarios para aprobarla, lo que hizo que la asambleísta Moreira cediera a los pedidos de otros grupos políticos que proponían bajar el plazo máximo a 12 semanas y así evitar que un segundo texto (que planteaba 6 semanas para mayores y 12 para menores) pase a ser debatido.
«Hoy estamos y seguimos debatiendo un derecho fundamental, el derecho a elegir sobre nuestros cuerpos luego de haber sido violadas. ¿Se imaginan la política que tenemos en nuestro país? Mientras que en otros países ya se discute, incluso se ha despenalizado el aborto libre, nosotros seguimos intentando llegar a un consenso sobre este derecho fundamental de las niñas violentadas», agregó Moreira con un pañuelo verde alrededor de su cuello.
Tras casi una hora de cabildeo interno, se bajó el plazo máximo para las mayores de 18 años, que quedó en 12 semanas con el apoyo de 75 asambleístas.
«Vamos a seguir peleando. Este es solo el inicio de las batallas que vamos a librar por las niñas, adolescentes y mujeres del país. Esperamos el veto y ya trabajamos en un proyecto de reformas», escribió en su cuenta de Twitter el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo.
En el caso de la objeción de conciencia, el texto aprobado señala que este es un derecho personal y no institucional, mientras que respecto a los requisitos, las víctimas solo deberán presentar un formulario en el sistema de salud para acceder a un aborto.
El reclamo del movimiento de mujeres de Ecuador
«ley justa y reparadora»"https://efeminista.com/ecuador-acceso-aborto-violacion/" target="_blank" rel="noopener">«ley justa y reparadora», que no contemple plazos ni requisitos.
«Las principales víctimas de violación en este país son las menores de 14 años y generalmente los violadores son las personas de su entorno familiar. Muchas veces no saben bien qué es lo que pasa. Nunca han tenido una menstruación. No pueden reconocer sus cambios corporales como propios de un embarazo», señaló en diciembre la abogada Ana Vera, directora de la organización feminista Surkuna.
Las niñas, agregó Vera, se dan cuenta de que están embarazadas después de la semana 17 o 18, «cuando ya tienen físicamente una panza». «Y por eso es importante que ellas puedan interrumpir su embarazo en cualquier momento y que se garanticen métodos seguros y adecuados para hacerlo».
SurkunanaEc/status/1494372629335138313" target="_blank" rel="noopener">Surkuna publicó que solo un 21 % de las víctimas menores de 18 años podrán acceder a un aborto legal, y un 20 % de las mujeres de pueblos y nacionalidades. «Todas las que se quedarán por fuera de esta Ley se verán condenadas a la tortura de la maternidad y a la clandestinidad».
Las organizaciones se instalaron desde temprano en los exteriores de la Asamblea y realizaron un plantón «contra la tortura de la clandestinidad y la maternidad forzada». Tras la votación, mostraron su descontento por la repentina disminución de las semanas de gestación para el acceso al aborto.
Ahora el texto se enviará al presidente Guillermo Lasso, quien podrá realizar cambios al proyecto de ley o vetarlo totalmente.
