El debate entre defensores y detractores se ha reavivado desde que la CE publicó una comunicación en junio pasado en la que aseguraba que la campaña “End the Cage Age” (Acabemos con las jaulas),impulsada por la ONG “Compassion in world farming”, “refleja las inquietudes de la sociedad, respaldadas por pruebas científicas” y está dispuesta a incorporarla al Pacto Verde Europeo.
Una campaña que contenía una acción clave ya conseguida: la recogida de los 1,4 millones de firmas en todos los países de la UE para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) -la sexta que ha alcanzado los umbrales numéricos necesarios en la historia de la UE- en la que se instaba a la Comisión a adoptar medidas.
A la comunicación de la Comisión se sumó en mayo de 2021 una resolución del Parlamento Europeo en la que la Eurocámara reconoce que las alternativas a los sistemas de cría en jaula “se están aplicando con éxito” en varios Estados miembros por lo que “deben desarrollarse, mejorarse e impulsarse sistemas alternativos”.
De un lado están los ganaderos, especialmente afectados los de producción de huevos, y por el otro los movimientos animalistas que llevan años trabajando para que esto se convierta en una realidad.
La visión de los ganaderos
Desde el sector ganadero, muestran su preocupación al considerar que iniciativas de este tipo son una “grave amenaza” para el futuro de la ganadería comunitaria.
En numerosas ocasiones han recordado que ya tuvieron que adaptarse a un sistema de jaulas enriquecidas que, en algunos casos, siguen pagando y ahora puede que tengan que eliminar esas jaulas.
Por eso piden que, de aprobarse el cambio en la UE, se reciban las ayudas necesarias y se tenga el compromiso social de aceptar un previsible encarecimiento de los productos por la subida de los costes de producción.
La CE parece consciente de ello porque en su comunicación admite que dejar de usar jaulas requerirá, “a menudo, inversiones costosas”.
Por ello, se compromete a desarrollar “medidas de apoyo específicas en ámbitos de actuación clave relacionados, como la PAC, el comercio y la investigación y la innovación, para facilitar una transición sostenible y económicamente viable”.
No obstante, el sector ganadero confía en que esas “estrictas” normas de bienestar animal de la UE contribuyan a la “buena reputación de los productos agrícolas”, lo que garantizaría “mayores ingresos” para los productores.
Otro aspecto que escama a los ganaderos es el hecho de que la campaña “End the cage age” y la iniciativa europea en ella incluida haya contado con el respaldo financiero desde fuera de la UE, reflejado en el caso de la plataforma estadounidense Open Philanthropy (OP) que ha aportado cerca de 1,7 millones de euros desde 2017.
Para el sector ganadero esto demuestra que hay “intereses más allá de los de los ciudadanos de la Unión Europea detrás de las iniciativas políticas y sociales para tratar de eliminar las jaulas”.
«Lo peor», según los ganaderos afectados, es que «la propia UE podría importar productos de países terceros con menores normas de bienestar animal, compitiendo de forma desleal con los productores comunitarios”.
Aunque la comunicación de la Comisión no expresa de forma tajante que se vaya a prohibir la entrada de productos que no cumplan los mismos requisitos, sí quiere “intensificar los esfuerzos bilaterales y multilaterales para elevar los niveles de bienestar animal en terceros países” así como “considerar opciones para abordar la cuestión, como la introducción de reglas o normas para los productos importados que sean equivalentes a las de la UE”.
El «hito» de los impulsores
En el otro lado destaca la labor de «Compassion in world farming» que ha conseguido liderar este movimiento para acabar con las jaulas, todo un «hito», en palabras de la responsable en España de esta organización, Patricia de Rada.
Los trabajos arrancaron en 2014 y con el tiempo han conseguido involucrar a ciudadanos, cerca de 200 asociaciones europeas, además del apoyo internacional de otras entidades, según indica.
Para De Rada, el apoyo de los ciudadanos europeos a esta iniciativa es “abrumador”, con ese casi millón y medio de firmas.
El papel de España ha sido “importante” porque han tomado parte una quincena de asociaciones y se han recogido cerca de 86.000 rúbricas.
Quiere subrayar que el texto de la ICE es “muy cuidadoso”, con una “profunda” investigación previa para ser “muy concretos y no pedir un imposible”.
“Sabemos que lo que se pide es factible y se ha tenido en cuenta, siempre, la protección del sector ganadero”, subraya.
De hecho, reclaman también a las instituciones comunitarias que las importaciones de los alimentos desde terceros países cumplan las mismas exigencias porque, de lo contrario, “se pone en situación de inferioridad a la agricultura y a la ganadería europea y eso no es, para nada, justo”, concluye.
