Human Rights Watch ha recordado en su informe anual que del total de feminicidios (251) que se registraron en 2020, tan solo cuatro terminaron en una sentencia judicial, según los últimos datos de la Corte Suprema.
«A pesar de una ley de 2009 que establece medidas integrales para prevenir y juzgar la violencia contra las mujeres, su homicidio impune continúa siendo motivo de gran preocupación», ha señalado la entidad en el documento.
Desafíos en la implantación del Aborto
En diciembre de 2020, el Senado argentino aprobó la ley para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación, una normativa que permite practicar abortos de forma legal, segura y gratuita.
Sin embargo, la implantación de esta ley continúa siendo un «desafío« en el país rioplatense, según HRW, que ha constatado la existencia de «obstáculos» en el acceso al aborto.
«Existen reportes de obstáculos para acceder al aborto legal, incluyendo la falta de acceso a la información sobre la ley, el uso indebidode la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios y dilaciones indebidas», ha indicado el organismo de derechos humanos en su informe.
Por su parte, las mujeres con discapacidad que están bajo orden judicial, o que fueron declaradas legalmente «incompetentes«, tienen que «contar con la asistencia de sus representantes legales y familiares para consentir abortos«, restringiendo de esta forma el ejercicio de este derecho, ha lamentado HRW.
Situación en las cárceles y abusos policiales
La ONG también ha criticado las malas condiciones de las cárceles en Argentina citando las cifras del Servicio Penitenciario Federal, que notificó un total de 176 casos de supuestas torturas o malos tratos en prisión en 2020, además de 16 «muertes violentas» de personas detenidas ese mismo año.
Asimismo, las fuerzas de seguridad de Argentina hacen ocasionalmente un «uso excesivo de la fuerza» en el ejercicio de su función, con cerca de 300 denuncias de violencia policial en 2020, especialmente a la hora de supervisar el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.
De hecho, uno de los territorios mencionados por HRW en su informe es la provincia norteña de Formosa, que empleó medidas «abusivas e insalubres» para contener la transmisión del virus, entre ellas la «detención arbitraria» de personas en centros de aislamiento.
«Las autoridades (de Formosa) limitaron la capacidad de los periodistas para informar sobre la situación e hicieron presuntamente un uso excesivo de la fuerza contra quienes protestaban por las regulaciones del covid-19, arrestando y presentando cargos penales contra algunos de ellos», ha aseverado el organismo de derechos humanos.
