“Legalizar las fincas que están destruyendo Doñana sería una burla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), infringiría la Directiva Marco de Aguas y la Directiva Hábitats y provocaría daños irreversibles a la flora y fauna de Doñana”, señaló en un comunicado el responsable de Recursos Naturales de WWF Europa, Andreas Baumüller.
Condena del TJUE por no proteger Doñana
El TJUE condenó a España el pasado junio por no proteger adecuadamente esa área natural, al no tener en cuenta las extracciones de agua ilegales y las de agua para el abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana al elaborar el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021.
A pesar de la sentencia del TJUE, y a pesar de que el Ministerio de Transición Ecológica español y organismos como la Unesco catalogan el acuífero de Doñana como “sobreexplotado”, la Junta de Andalucía debatirá una propuesta para despenalizar 1.460 hectáreas de cultivo ilegal de fresas en los alrededores de la reserva, recordó WWF.
“La infracción de las leyes de la UE debería tener consecuencias. La Comisión Europea debe hacerlas cumplir”, agregó WWF, que ha trasladado su misiva al comisario de Medioambiente de la Unión Europea, Virginijus Sinkevicius.
Peligro para Doñana
Esa plataforma medioambientalista pretende así “dar la voz de alarma sobre la amenaza inminente que pone en peligro el Parque Nacional de Doñana” y pedir a la Comisión Europea que se asegure de que el humedal está “protegido como exige la legislación de la UE”.
El conflicto del agua en Doñana ha surgido a raíz de una doble proposición de ley que el Partido Popular (PP) ha registrado en el Parlamento andaluz, primero con Ciudadanos y luego con Vox, que garantiza los votos suficientes para que pueda salir adelante, con el objetivo de regularizar 1.460 hectáreas de suelo agrícola regable, que, según el PP, son derechos históricos acreditados y será con agua “superficial y no afectará” al acuífero de Doñana.
Sin embargo, el secretario de Estado de Medioambiente, el socialista Hugo Morán, señaló este martes en rueda de prensa en Sevilla que los “derechos históricos no existen” en el caso de esas 1.460 hectáreas y lamentó que la Junta genere “expectativas irreales porque no hay agua” y, además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no va a conceder esos derechos de riego.
El secretario de Estado abordará este asunto esta semana en Bruselas con el comisario europeo de Medioambiente.
