En una carta remitida a la ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, el comisario señala que es necesario adoptar medidas adicionales para hacer frente a las obligaciones en materia de calidad del aire y alcanzar el cumplimiento de los valores límite para el año 2020.
Vella añade que, sin perjuicio del procedimiento legal comunitario en marcha, es preciso que todos los actores, en todos los niveles de gobernanza del país, se movilicen para contribuir a la puesta en marcha y aplicación de medidas eficaces a nivel nacional, regional y local.
En ese sentido, Ribera señaló que “lo más relevante ahora es identificar nuevas medidas y trabajar en los distintos niveles de la administración frente a la posibilidad de que se malinterpreten las voluntades de los responsables públicos pensando que se quiere hacer menos en lugar de hacer más”.
Además, calificó la carta de “pertinente” en un momento en el que “se cuestiona la necesidad o no de adoptar más medidas o de suprimir las ya existentes en algunas capitales”.
Ribera recordó que la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea del Medio Ambiente e informes científicos y médicos alertan de la relación existente entre la mala calidad del aire y las enfermedades cardiorrespiratorias o la muerte súbita.
“Estamos hablando por tanto no sólo de regulación de la ocupación de nuestro espacio público o del ruido en nuestras ciudades, sino de salud; tenemos que activar protocolos que permitan luchar contra la contaminación y hacer un uso más eficiente de esos espacios”, concluyó la ministra.
En un comunicado, el Ministerio para la Transición Ecológica de España subraya que el objetivo del Gobierno es que cumpla los límites comunitarios en materia de calidad del aire, protegiendo así la salud pública y evitando que el país afronte una posible multa por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La carta del comisario coincide con la polémica decisión del nuevo gobierno conservador de Madrid, de paralizar eventualmente la aplicación de sanciones a quienes violen la zona de bajas emisiones contaminantes en el centro de la ciudad.
Esta medida formaba parte la iniciativa puesta en marcha hace siete meses por el anterior consistorio de izquierdas y conocida como Madrid Central.
Un juez paralizó cautelarmente el pasado día 5 la decisión del ayuntamiento, encabezado por José Luis Martínez-Almeida (PP), tras un recurso presentado por organizaciones ecologistas.
EFEverdeerde
