Un joven indígena Guajajara fue encontrado muerto con múltiples puñaladas el viernes 13 de diciembre en la Amazonía brasileña, lo que convirtió al 2019 en el año más mortífero para las personas indígenas desde 2016 con un total de diez asesinatos.
Según la hermana de la víctima, Lucivânia Guajajara, el cuerpo de Erisvan Guajajara, de 15 años, fue encontrado en un campo de fútbol en la localidad de Amarante, en el estado nororiental de Maranhão. “Lo que le hicieron fue una atrocidad. No había nada de sangre donde lo encontraron. Lo mataron en otro lugar y tiraron allí su cuerpo”, dijo a Mongabay. También informó sobre el asesinato el Consejo Indígena Misionero (CIMI), una ONG vinculada a la Iglesia Católica.
Es la última muerte en una creciente ola de violencia contra la población Guajajara y los pueblos indígenas en general en la Amazonía brasileña en 2019. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), una sección de la Iglesia Católica de Brasil, un total de 10 personas indígenas fueron asesinadas en 2019; siete eran líderes indígenas.
“¡Otro crimen brutal contra la población Guajajara!”, dijo en Twitter Sônia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
El 7 de diciembre, fueron asesinados dos líderes de la etnia Guajajara en un tiroteo —Firmino Silvino Guajajara y Raimundo Bernice Guajajara. En el mismo ataque, otras dos personas resultaron heridas por disparos: Neucy Vieira y Nico Alfredo.
“Somos humanos, no merecemos morir así”, aseguró Magno Guajajara, un testigo del ataque y pariente de los fallecidos, en un audio de WhatsApp enviado a Mongabay. Los líderes volvían a su aldea en motos después de asistir a una reunión con una empresa de suministro en el momento del ataque. “La gente de las localidades de los alrededores tiene contra nosotros, la población indígena, esta rabia, este odio, este prejuicio, esta intolerancia”, dijo. “Y estamos pagando por ello con nuestras vidas”.
Estos ataques llegan poco después del asesinato de otro líder Guajajara, Paulo Paulino Guajajara, quien era miembro de “Los Guardianes del Bosque”, un grupo de 120 indígenas de la etnia Guajajara que arriesgan sus vidas para luchar contra los taladores ilegales en la reserva indígena de Arariboia —uno de los territorios indígenas más amenazados del país, donde vivían Paulo Paulino y Erisvan— y para proteger al aislado pueblo Awá.
Según Mídia Índia, un colectivo de comunidades indígenas de varias etnias, después del último ataque, los líderes de la etnia Guajajara convocaron una reunión en la aldea indígena El Betel en Maranhão para debatir estrategias de supervivencia y maneras de presionar a las autoridades sobre el creciente número de fallecidos. De acuerdo con esta organización se celebró una audiencia pública con funcionarios del gobierno para combatir el aumento de la violencia contra su población.
Según datos de la CPT, los asesinatos de personas indígenas representan un 37 % de todos los asesinatos en zonas rurales de este año, comparado con el 7 % de 2018. “Estos crímenes reflejan el aumento del odio y la barbarie inflamado por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien nos está atacando diariamente, niega nuestro derecho a existir y fomenta la enfermedad histórica del racismo”, dijo Sônia Guajajara en un comunicado a principios de diciembre.
En lo que se refiere al último crimen, la Policía Militar del estado de Maranhão informó que el chico indígena asesinado era otra persona —Dorivan Soares Guajajara de 28 años— y afirmó que estaba involucrado en el tráfico de drogas, según el portal de noticias G1. El teniente coronel Jorge Araújo Junior supuestamente descartó los crímenes de odio y los conflictos con los taladores como posibles motivos. FUNAI también emitió un comunicado sobre la muerte de Dorivan en el que negaba los vínculos con los conflictos territoriales, informó el portal de noticias UOL.
Sin embargo, la Unidad de Medicina Forense, conocida como IML, ubicada en la localidad vecina de Imperatriz, confirmó que la víctima no era Dorivan sino Erisvan. Mongabay se puso en contacto con el batallón de la policía militar, pero no había fuentes disponibles para hacer comentarios en el momento en que está historia fue publicada.
Desde que el presidente Jair Bolsonaro llegó al poder en enero del año pasado ha debilitado las agencias de protección ambiental y de protección de los indígenas, sustituyó a funcionarios públicos experimentados por personal militar, redujo el financiamiento e hizo campaña en contra del cumplimiento de la normativa ambiental como las multas. “El gobierno está dando luz verde a las redes criminales. El ambiente sobre el terreno es de miedo”, afirmó César Muñoz, director de Human Rights Watch (HRW), a Mongabay.
Según datos parciales de CIMI, el año pasado las invasiones de tierras en los territorios indígenas se duplicaron con creces. Más de 153 terrenos han sido invadidos, con más de 160 casos registrados en los primeros nueve meses de 2019. Se espera que este número aumente aún más cuando se contabilice el último cuarto del año.
Los activistas aseguran que el largo historial de racismo y comentarios antindígenas de Bolsonaro habrían empoderado a los acaparadores de las tierras y a los madereros para que invadan los territorios indígenas sin temor a represalias. “Está apoyando abiertamente la exploración agroindustrial y de las empresas mineras, lo cual posiciona a la población indígena como enemiga del progreso del país y del desarrollo”, dijo Antônio Eduardo Cerqueira, secretario ejecutivo del CIMI.
Los defensores del medio ambiente y los funcionaros públicos también han sido atacados y asesinados este año. En marzo, una importante activista medioambiental Dilma Ferreira Silva fue asesinada en Pará donde su lucha contra las presas hidroeléctricas la convirtió en objetivo. En noviembre, Maxciel Pereira dos Santos fue ejecutado delante de miembros de su familia en el estado de Amazonas. Siempre había trabajado como funcionario en FUNAI, la agencia indígena de Brasil.
Según un informe reciente de HRW, de los más de 300 casos de asesinato en la última década, solo 14 se llevaron ante un juez. Su investigación analizó 16 casos de asesinados del 2015 en adelante y detectaron graves fallos. “En al menos dos, los inspectores de policía no visitaron la escena del crimen. En otros cinco, no había habido una autopsia”, señala el informe.
Para Magno Guajajara, el mensaje viene del gobierno de Bolsonaro. “Vienen y disparan y matan y hacen lo que quieren, porque saben que tienen apoyo”, dijo.
Se había pedido medidas de protección antes de la ola de asesinatos en Maranhão, después de que se detectase una escalada de invasiones y amenazas. Francisco da Conceição, jefe del departamento de derechos humanos del estado de Maranhão, envió una carta a la Policía Federal en agosto en la que advertía sobre “las amenazas constantes debido a la tala ilegal en la región, donde se extraen diariamente más de 30 camiones de madera”. Sin embargo, en ese momento no se tomó ninguna medida de protección adicional, señaló el gobierno de Maranhão.
Después de las muertes de Firmino y Raimundo, el ministro de Justicia de Brasil Sérgio Moro envió un Grupo Especial Federal a la región “para prevenir incidentes futuros”. El caso está actualmente bajo investigación por la Policía Federal, quien dijo en un comunicado que las pruebas recogidas hasta el momento no han implicado a madereros.
En respuesta al aumento de los ataques sobre la población indígena de Brasil, la sociedad civil está pidiendo al gobierno federal que actúe. “Esperamos que [el gobierno] reexamine su posición y abra un canal para el diálogo. Sin embargo, hasta ahora, el ministro de Justicia no los ha invitado a hablar”, dice Cerqueira.
Mongabay se puso en contacto con el ministerio de Justicia y la Policía Federal para aclaraciones suplementarias. La Policía Federal respondió que las investigaciones son confidenciales y que no concederían entrevistas sobre este tema. El ministerio de Justicia no respondió a la petición de comentarios.
