Según explicó la gobernadora en un comunicado de prensa, la declaración del estado de emergencia se debe a que en las pasadas semanas Puerto Rico ha enfrentando un periodo de baja precipitación, que ha venido a agravar la delicada situación que se vive en la isla por los sismos y la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con la gobernadora, la declaración de emergencia se da por recomendaciones de un Comité Científico de Sequía.
“Nuevamente, y ante este nuevo escenario, vamos a hacer todo lo que sea necesario para asegurar la salud y ofrecerles tranquilidad en todas las familias de nuestra isla”, dijo.
La gobernadora resaltó que, según el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos, el 25 de junio 29 de los 78 municipios de Puerto Rico estaban bajo sequía moderada y otros 21 municipios en un periodo de sequía severa.
El término de sequía moderada significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados, y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos, y se están desarrollando condiciones de escasez de agua o están por desarrollar.
Mientras, el término de sequía severa significa que la cosecha y los cultivos en las tierras vaya escaseando y provocaría que el Gobierno de la isla emita racionamientos de agua debido a la falta de precipitación en el territorio.
De igual forma, el Monitor de Sequía declaró a 12 municipios bajo la categoría de clima atípicamente seco.
Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, los caudales de los cuerpos de agua superficiales en Puerto Rico presentan unas condiciones inferiores a los promedios típicos históricos de dichos cuerpos de agua.
De igual manera, los niveles de agua de los acuíferos del sur muestran cambios negativos reflejando descenso en sus niveles.
Mientras, los acuíferos en los municipios de Ponce, Juana Díaz y Santa Isabel están en fase de observación, mientras que el de Salinas Rasa-D se encuentra en fase de ajustes operacionales y Aguirre en fase crítica.
El Gobierno no vislumbra cambios en las condiciones del clima que mejoren la situación.
Ante ello, durante las pasadas dos semanas, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados puso en marcha planes de interrupción del servicio de agua potable en los municipios de Canóvanas, Loíza, Río Grande y San Lorenzo.
De igual forma, la gobernadora aseguró necesaria la implementación de un plan de interrupción del servicio para los 180.000 abonados que se abastecen del embalse Carraízo, en Trujillo Alto, localidad colindante a San Juan.
Estos abonados son residentes en los municipios de San Juan, Carolina, Canóvanas, Carolina, Gurabo y Trujillo Alto.
“Los descensos dramáticos en dicho embalse, acompañados del déficit de lluvia, han provocado una baja sustancial en la reserva de agua que suple a estos municipios”, afirmó la gobernadora.
El Departamento de Seguridad Pública va a coordinar con diversas agencias gubernamentales las acciones ejecutivas y técnicas de planificación, mitigación, respuesta y recuperación para atender de forma integral la declaración de emergencia de sequía.
La gobernadora explicó que las fases de sequía en Puerto Rico se evalúan de acuerdo a varios criterios científicos y técnicos.
Entre estos criterios, están el análisis de lluvia, modelos meteorológicos, el Monitor de Sequía de EE.UU., el flujo de agua en los ríos, la tendencia a sequía en algunas cuencas seleccionadas, los niveles de los embalses y los niveles de los acuíferos con datos de pozos de observación.
También se miden la caracterización de las condiciones de sequía en áreas naturales protegidas, al igual que aspectos e impactos sobre los fuegos forestales y las actividades agrícolas siembra y cosecha de cultivos, disponibilidad de alimento y agua para el ganado.
