Tras la luz verde de la Eurocámara, los nuevos criterios que entrarán en vigor tendrán que ver con la mitigación y adaptación del cambio climático, la transición a una economía circular, el uso sostenible del agua, el control de la contaminación y la restauración de la biodiversidad.
De ese modo, se aspira a que los inversores identifiquen con facilidad las inversiones que cumplen los criterios ecológicos o de bajas emisiones de carbono.
La idea tras los criterios para determinar si una actividad es sostenible apunta a que dicha acción “debe contribuir a uno de los objetivos” citados anteriormente y “no dañar significativamente ninguno de ellos”.
El texto del acuerdo sobre las finanzas verdes no cita la energía nuclear, pues a países como Polonia o Francia les preocupaba que fuera calificada de forma explícita como un recurso no sostenible y que ello dificultara su financiación y emplearla durante la transición hacia la neutralidad climática.
Con el pacto alcanzado, los países podrán seguir empleando la energía nuclear hasta que sus emisiones sean equivalentes a las que pueden absorber.
El texto tampoco menciona directamente el gas, lo que también permitirá utilizarlo durante la transición siempre que cumpla con el criterio de no dañar significativamente a ninguno de los objetivos y contribuya a uno de ellos.
El Ejecutivo comunitario estima que la Unión Europea necesitará en torno a 260.000 millones de euros anuales adicionales en inversiones para alcanzar sus metas climáticas y de energía para el año 2030.
