Bajo los términos que defenderá el PE, 25.000 millones de la dotación de este fondo se obtendrían del presupuesto comunitario a largo plazo para 2021-2027, un incremento frente a lo propuesto por la Comisión (11.000 millones) y a lo consensuado por los países en la cumbre de julio (7.500 millones).
Los 32.000 millones de euros restantes se obtendrían del fondo de recuperación europeo tras la pandemia, frente a la propuesta de la Comisión Europea, que proponía obtener 30.000 millones de este instrumento.
La tasa de cofinanciación de los proyectos que alcanza el fondo sería del 85 % y un 1 % del mismo estaría destinado a las islas, así como otro 1 % a las regiones ultraperiféricas europeas (entre las que se encuentran las Islas Canarias).
Los eurodiputados también instan a crear un mecanismo de “recompensa verde” que permita que casi una quinta parte de los fondos (18 %) se destinen a países que reduzcan sus emisiones contaminantes a un ritmo más rápido.
Organizaciones como WWF criticaron que el texto final abra la posibilidad a que los proyectos con combustibles fósiles puedan verse beneficiados con dinero de este fondo y aseguraron que este detalle “anula” el hecho de que la Eurocámara declarara la emergencia climática en el continente hace apenas unos meses.
En su comunicado, la Eurocámara señala efectivamente “una derogación para las inversiones en actividades relacionadas con el gas natural” para las regiones que dependen mucho de las actividades de extracción y combustión de carbón, lignito, esquistos bituminosos o turba, siempre que las actividades a financiar cumplan otras condiciones y sean “ambientalmente sostenibles”.
La adopción de la postura negociadora por parte de la Eurocámara allana el camino para que comiencen las negociaciones con el Consejo (los países) lo antes posible, en paralelo a las negociaciones generales sobre el presupuesto comunitario a siete años, que debe estar consensuado y aprobado antes del final de 2020 para que entre en vigor el 1 de enero de 2021.
