El documento examina el funcionamiento del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que aspira a mitigar el cambio climático a través de un mecanismo para reducir las emisiones y es el primer mercado de carbono del mundo.
Para ello analiza la situación de ocho países: Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía, la República Checa, Estonia, Lituania y Chipre.
Ese régimen de comercio de emisiones obliga a las empresas a obtener derechos para cubrir sus emisiones de carbono, que a veces se compran en una subasta, aunque también pueden asignarse de forma gratuita.
El sistema utiliza precisamente los derechos gratuitos para desincentivar a la industria a transferir su actividad a países fuera de la UE con unos estándares medioambientales más bajos (lo que se conoce como “fuga de carbono”).
El informe constata que esos derechos gratuitos, que se reparten entre la industria, la aviación y en algunos países el sector de la electricidad, representan en la actualidad cerca del 40 % de todos los permisos disponibles.
Concluye que asignar derechos de emisión gratuitos ofrece importantes incentivos para aumentar la eficiencia energética, pero creen que la aplicación de dichos parámetros se puede mejorar.
En particular, consideran que los derechos gratuitos deberían centrarse en los sectores industriales para los que resulta más difícil transferir los costes a los consumidores, lo que ahora no ocurre.
Se refieren en particular al sector de la aviación, que recibe permisos gratuitos pese a poder pasar ese coste a los viajeros, lo que puede favorecer los viajes en avión en detrimento del transporte ferroviario, menos contaminante.
Añaden que habría que orientar mejor los sectores industriales en los que hay un riesgo de fuga de carbono y se benefician de altas tasas de derechos gratuitos, estableciendo una clasificación en función de ese peligro.
La Unión Europea ha establecido una serie de objetivos en materia de cambio climático que deben lograrse en 2020, 2030 y 2050.
Aunque la UE avanza bien en el caso de los objetivos de 2020, no ocurre lo mismo con los previstos para 2030 y 2050.
El “Pacto Verde” de la Comisión presentado en 2019 proponía pasar a un objetivo de reducción de las emisiones de entre un 50 y un 55 % hasta 2030 y lograr que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050.
