El estudio ‘¿Pueden llegar a ser justos los daños y pérdidas provocados por el cambio climático?’ ha sido elaborado por el Stockholm Environment Institute, encabezado por el científico Sivan Kartha, en el marco de la iniciativa Civil Society Review, que aglutina a más de cien organizaciones no gubernamentales internacionales.
Según esos cálculos de pérdidas y daños en los países en desarrollo, se debería proporcionar financiamiento nuevo y adicional de 45.300 millones de euros para 2022, que aumentaría a 272.000 millones en 2030, a través del Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños de Varsovia (WIM) aprobado en la Cumbre del Clima de 2013, y desde entonces no ha logrado concretar soluciones de financiación.
Las conclusiones del documento facilitado por la ONG española Alianza por la Solidaridad, señalan que los cálculos se han hecho por medio de un cálculo de las contribuciones históricas de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Establece la responsabilidad que deben asumir los países ricos que “están detrás de la actual crisis climática”.
Las organizaciones consideran que los gobiernos que acuden a la 25 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) deben “acordar de forma urgente innovadoras fuentes de financiación”, como son impuestos a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), al transporte aéreo y a las transacciones financieras.
Esos recursos económicos deberían servir para entregar a gran escala a los países que se encuentran ya en primera línea de la crisis climática y, debido a ello, tienen que asumir los costes que les generan deuda pública y más empobrecimiento.
El informe revela que Estados Unidos debe financiar, al menos, el 30,4 % de las pérdidas y daños que causará el cambio climático, seguida de los países de la Unión Europea (UE) con el 23,9 %.
India, según esos cálculos, “sólo sería responsable del 0,5 % debido a que los cálculos se realizaron con estimaciones de 1950 como referencia para contabilizar las emisiones contaminantes”.
En el caso de la UE, y por tanto de España, se estima que deberían reducirse las emisiones de GEI en torno al 160 % por debajo de los niveles de 1990 para 2030, cifra que no se puede alcanzar solo dentro de las fronteras europeas, por lo que se requiere de acciones en el exterior.
Entre esas medidas están: proporcionar a los países en desarrollo financiación, tecnología y desarrollo de capacidades para la mitigación, adaptación y los esfuerzos para abordas las pérdidas y daños asociados con el cambio climático.
Asimismo, apoyar el desarrollo de un plan de solidaridad global para permitir la descarbonización rápida, el desarrollo sostenible y compatible con el clima para todos.
Además la creación de un grupo de trabajo en el marco de la COP25 para generar financiamiento público nuevo y adicional y comprometerse a generar un informe anual con la brecha de financiamiento público.
La directora de Programas de Alianza por la Solidaridad-Action Aid, Cristina Muñoz, sostiene que “no hay voluntad política real de poner freno a la emergencia climática ni a poner en marcha un sistema de justicia climática como es este fondo, que no se materializa en compromisos y contribuciones hoy ya imprescindibles”.
La responsable internacional sobre cambio climático de ActionAid, Harjeet Singh, asegura que “el sistema actual es injusto para responder a los desastres climáticos y está contribuyendo a aumentar la pobreza y el endeudamiento en los países en desarrollo. El tema de la finanzas climáticas está encima de la mesa de la COP25″.
