“El actual gobierno es el que más en serio se ha tomado el cambio climático; lo reconocemos, pero recurrimos a los jueces porque pedimos más ambición climática y porque el actual ejecutivo ha recibido una herencia que debe superarse”, explica a este diario Francisco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción para justificar una decisión adoptada. Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por inacción e incumplimiento jurídico de las obligaciones de España contra la emergencia climática.
“España lleva años emitiendo gases por encima de lo establecido; y solo las ha reducido significativamente cuando ha habido crisis. Y no se aprobó de manera definitiva el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que debía estar hecha el 31 de diciembre del año pasado”, añade Segura como argumentos para justificar este primer litigio climático en España.
En el escrito, las tres oenegés piden al alto tribunal que exija a España elevar su ambición climática, Reclaman una reducción de emisiones del 55% en 2030 respecto a 1990 (en lugar del previsto recorte del 23% recogido en Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030) y adelantar la neutralidad climática al año 2040 (en lugar del 2050).
Estos grupos piden que los jueces señalen al Estado su responsabilidad en la desprotección de los derechos fundamentales a la salud y la vida de la ciudadanía, que necesitan de un medio ambiente adecuado para poder disfrutarse plenamente.
“Es normal que los ciudadanos pidan más acción en materia de clima; debemos transformar nuestro modo de producción, de consumo y nuestro modelo de desarrollo. Y los gobiernos somos particularmente responsable a la hora de facilitar ese cambio”, señaló en respuesta conciliadora la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para quien “no es tolerable que representantes al frente de instituciones nieguen la ciencia, nieguen el cambio climático y se burlen del sufrimiento de muchas personas y de las futuras generaciones”.”Debemos acelerar la acción climática”, admite la ministra, que no quiso ahondar en las diferencias con estos tres grupos ni cuestionar su estrategia.
En su escrito, los grupos ecologistas exponen los motivos para iniciar la demanda contencioso-administrativa. Una vez que sea admitida a trámite, “cargarán” con todos los argumentos jurídicos y científicos.
“En Greenpeace somos conscientes de los esfuerzos del actual Gobierno de España por mejorar las nefastas políticas climáticas de las últimas décadas, y las valoramos positivamente. Sin embargo, consideramos también que sus políticas son insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos y para compensar la falta de acción de los gobiernos anteriores”, dice el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez,quien defiende que se trata de una acción “histórica” para exigir al Gobierno que “cumpla” con su obligación climática y, precisamente en un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes.
“Para compensar la falta de acción de Gobiernos previos se requiere de una acción más decidida y valiente”, reclama, ha manifestado Rodríguez a Europa Press.
En la misma línea, el director de Oxfam Intermón, Franc Cortada, califica de “hito” esta demanda, a la que se han sumado con la mirada puesta en el impacto social que el cambio climático tiene en las personas que más sufren sus consecuencias y que carecen de la capacidad para hacerle frente.
Cortada ha explicado que el cambio climático no afecta igual a todos ya que países que apenas tienen responsabilidad en el problema sufren de forma exponencial sus impactos en el día a día y ha recordado que el 10% del planeta es responsable del 50% de las emisiones de CO2 mientras que más del 50% de la población apenas emite el 10% del CO2 mundial.
Además, ha alertado de que el Covid-19 va a dejar 700.000 personas más en situación de pobreza en España por lo que quiere que la del Ejecutivo articule emergencia climática con desigualdad y vulnerabilidad.
La abogada de Greenpeace Lorena Ruiz ha subrayado que la presentación de demandas de esta naturaleza están proliferando en todo el mundo por la “inactividad y pasividad de los Gobiernos ante el mayor reto de la civilización”. “A los ciudadanos no nos queda más que acudir esta vía para obligar a los Estados a cumplir”, lamenta.
El litigio tiene su argumento más consistente en el incumplimiento objetivo de la obligación jurídica del Ejecutivo, que tenía que haber presentado a la Unión Europea con fecha tope el 31 de diciembre de 2019 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia a largo plazo. Estos son dos instrumentos jurídicos de la acción europea por el clima para cumplir con los compromisos de cambio climático, que en septiembre de 2020 aún no se han aprobado.
Además, la abogada ha denunciado que el borrador conocido del PNIEC y de la Estrategia plantean una ambición climática “insuficiente” para cumplir con el objetivo que los Estados de la UE se marcaron cuando firmaron el Acuerdo de París.
Exponen así en el escrito remitido este martes al alto Tribunal que la comunidad científica dice “claramente” que es necesario reducir las emisiones un 55% en el 2030 y la plena descarbonización de la economía en 2040, mientras que los objetivos planteados por España conllevan un 23% de reducción de las emisiones en 2030 y la neutralidad climática en 2050.
Asimismo, denuncia que estos incumplimientos son, en definitiva, una “vulneración de los derechos humanos” porque el Tribunal Europeo ha manifestado que sin una protección adecuada al medio ambiente no se puede garantizar el derecho a la vida y a la salud, derechos esenciales para las generaciones presentes y futuras. “Este es un problema inaplazable”, ha sentenciado.
En esa línea, opina que esta es una oportunidad para que el poder judicial se involucre en la lucha contra el cambio climático y confía en que obligue al Gobierno a cumplir con los compromisos de España contra el cambio climático.
“En estos momentos en que la pandemia nos está mostrando con toda crudeza las consecuencias de una crisis global, estamos a tiempo de frenar la debacle que vendrá si no paramos el cambio climático”, ha afirmado Paco Segura.
En esa línea, revela que con los compromisos actuales de reducción de emisiones, España no podrá evitar el impacto de graves episodios de sequía, aumento del número e intensidad de los incendios, lluvias torrenciales y una mayor subida del nivel del mar y, por tanto, de las inundaciones.
El actual litigio no es el primer aviso al Gobierno, puesto que las tres oenege ya presentaron una reclamación ante la inactividad climática de la Administración General del Estado a la que conminaban a adoptar las medidas pertinentes para cumplir con las obligaciones históricas y ambientales del Estado, pero ante la falta de respuesta del Gobierno, las ONG inician la vía judicial.
El director ejecutivo de Greenpeace alaba que este Ejecutivo haya empezado a ir en la dirección correcta en materia de lucha contra el cambio climático pero lamenta que eso no significa que los pasos sean “suficientes”.
“Este Gobierno hereda la inacción y la falta de compromiso de los anteriores gobiernos, pero nuestra obligación es poner estos litigios cuando se puede y le hemos dicho ya en todos los foros que le faltaba ambición”, ha sentenciado.
No obstante, no es la primera vez que se presenta un litigio contra un Gobierno por la inacción ante la emergencia climática. De hecho, recientemente se han multiplicado en el mundo y hasta la fecha se han presentado demandas en al menos 39 países.
Aunque la mayoría son contra las grandes corporaciones hay otros como el presentado ahora en el Tribunal Supremo que se dirigen contra los Estados en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda.
