Una red de corredores biológicos deberá conectar los enclaves naturales más valiosos, según la estrategia de infraestructuras verdes que debe aprobar el consejo de ministros.

Crédito: Xavier Cervera / La Vanguardia

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El Gobierno se ha comprometido ante las instituciones europeas a que el 30% de las aguas marinas españolas estén protegidas en el 2030. La superficie marítima que tiene actualmente algún tipo de protección en España supone el 12% del total, por lo que en los próximos años la Administración central prevé una intensa actividad de conservación en estos ecosistemas.

Así ha trascendido coincidiendo con la previsible aprobación hoy en el consejo de ministros de Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.

Se trata de un herramienta de planificación que persigue identificar y recuperar los ecosistemas dañados en todo el territorio español y conectarlos entre sí.

La finalidad de la citada Estrategia Nacional es dar una respuesta a la enorme fragmentación de los ecosistemas españoles, debido a los cultivos agrícolas intensivos, la proliferación de espacios urbanizados que actúan como barrera y otras transformaciones del suelo.

El resultado de todo ello es la pérdida de conexión entre los diversos enclaves ecológicos, la disminución de su biodiversidad y la destrucción de los importantes servicios ambientales que prestan (agua, almacenamiento de carbono, polinizadores, barrera zoonótica, regulación climática...).

Pese a que España es uno de los países de la UE con extensiones más grandes de territorio en estado natural, la densidad de infraestructuras es alta: 0,61 kilómetros por cada kilómetro cuadrado de superficie.

Una demostración de esta pérdida de biodiversidad radica en el hecho de que en España solo el 9% de los hábitats y el 21% de las especies se encuentran actualmente en un estado de conservación favorable, según el informe nacional de aplicación de la directiva de Hábitats de España (período 2013-2018).

La premisa que marca esta nueva línea política es la convicción de que la visión tradicional de la conservación no es suficiente y que la degradación es ya tan intensa que sea necesitan acciones de restauración y recuperación de los enclaves alterados o destruidos.

El objetivo que se persigue no es por tanto crear nuevos parques naturales u otros espacios de protección especial (el 33% del territorio ya cuenta con alguna figura legal par su conservación), sino conectar los existentes creando una red de corredores biológicos que los comunique.

Las metas fundamentales serán, pues, identificar y delimitar la redes básicas de estas infraestructuras verdes de interconexión así como restaurar los hábitats degradados y mantener y mejorar los servicios de estos ecosistemas mediante 50 línea de actuación.

Asimismo, las comunidades autónomas tendrán tres años para aprobar sus propias estrategias en este campo y dotarse de estos corredores biológicos.

Las mismas fuentes expresan su convicción de que la comunidades autónomas se avendrán a elaborar estas estrategias.

La intención última es que la futura planificación territorial y urbanística tenga en cuenta esta normativa, de manera que incluso los estudios de impacto ambiental para la realización de determinados planes, obras y proyectos deberían tenerla en consideración.

Los promotores de esta estrategia admiten que, como resultado de esta estrategia, en determinados casos, se tendrán que eliminar o readecuar ciertas infraestructuras muy dañinas, con el fin de restablecer la funciones ecológicas destruidas.

En este sentido, se citan el grave daño que causan determinados tendidos eléctricos sobre la avifauna, o determinada carreteras, que provocan tan alta mortalidad de la fauna que obligan a construir pasos subterráneos.

La estrategia plantea un calendario con hitos y evaluaciones intermedias y pone la vista en el horizonte del 2050 para consolidar esta infraestructura verde en el territorio en la escala estatal.

No obstante, no es intención de sus promotores echar mano a la fórmula de la expropiación, pues no se considera necesario asumir la propiedad de los terrenos, al tratarse de una solución básicamente normativa.

Los expertos consideran necesario que la sociedad debería retribuir los múltiples servicios ambientales que prestan estos corredores biológicos (agua, oxígeno, regulación climática...) pero la citada estrategia no recoge esta previsión.

En España, los tipos de hábitats que presentan un estado más desfavorable de conservación son los ecosistemas costeros, así como los bosques, los roquedales y, sobre todo, las turberas. Y en cuanto a las especies, son los mamíferos, y, sobre todo, los peces los que se encuentra en peor situación.

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