La petición coincide con la celebración el 5 de junio del Día Mundial del Medioambiente y con la pandemia del coronavirus COVID-19, que ha provocado una crisis social y económica sin precedentes.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta pandemia -cuyo origen está en el contacto con “animales huéspedes” como el murciélago y el pangolín- ha causado hasta el momento más de 380.000 muertos y más de 6,29 millones de contagiados en todo el mundo.
Según el Banco Mundial una pandemia puede destruir entre el 0,1 y el 1 % del Producto Global Bruto.
La destrucción de la naturaleza y sus ecosistemas ha provocado otras epidemias como el ébola en la República Democrática del Congo (RDC), donde esta misma semana se ha producido un rebrote de la enfermedad causada por zoonosis, es decir transmitida desde animales “húespedes” como monos, gorilas, chimpancés, murciélagos, entre otros.
Es el noveno brote de Ebola en RDC, que afecta con sus variantes a otros cinco países del continente africano.
A esta lista hay que añadir otras enfermedades causadas por zoonosis como el sida, el mal del Chagas, la fiebre amarilla, la malaria, el dengue, entre otras.
Pero la mala calidad del aire también influye en la salud de las personas y del planeta y causa más de siete millones de muertes en el mundo por afecciones cardiovasculares y respiratorias, entre otras patologías, según la OMS.
Un informe del Energy Policy Institute de la Universidad de Chicago (EE.UU.) publicado este miércoles relaciona la contaminación atmosférica y el índice de expectativa de vida.
El estudio señala que en Europa casi tres cuartas partes de la población respira aire contaminado y señala a Polonia, Bielorrusia, Eslovaquia, República Checa, Países Bajos o Italia, entre otros lugares con alta contaminación.
Pero la contaminación del suelo, del agua y de los acuíferos también afecta a la salud de la naturaleza y de las personas.
Con estas perspectivas y ante puesta en marcha de planes para la recuperación que los gobiernos de todo el mundo preparan para salir de la crisis causada por la COVID-19, más de 40 millones de médicos, enfermeras y profesionales sanitarios han remitido una carta a los gobernantes del G20 para pedir programas sostenibles y verdes y financiación para la salud pública.
La Unión Europea ha anunciado el Pacto Verde como instrumento para la transformación de la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, basando su economía en el uso sostenible de recursos.
El Pacto Verde persigue una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de entre un 50 y 55 % como mínimo para 2030 hasta llegar a la neutralidad en 2050, con la revisión sobre la fiscalidad de la energía, estrategias de adaptación al cambio climático, fomento de las renovables y de la economía circular, entre otros puntos.
Muchos otros países han presentado ya sus programas de Contribuciones Determinadas Nacionales (NDC, por sus siglas en inglés) y se espera que el resto lo haga previo a la cumbre de Glasgow (R.Unido) y en ellos se eleve la ambición climática con el objetivo de reducir emisiones como recoge el Acuerdo de París.
La vicepresidenta española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado a EFE que 2020 supone un periodo de revisión de las medidas adoptadas sobre el clima con miras a incrementar los compromisos para la cumbre de Glasgow (Reino Unido), que se celebrará en noviembre de 2021.
Ribera coincide con la directora de Salud, Medioambiente y Determinantes Sociales de la Salud en la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, en la relación indisoluble entre salud y medio ambiente.
Ambas han subrayado la importancia de implementar proyectos de recuperación sostenibles y verdes, así como potenciar los sistemas de salud pública porque la destrucción de la biodiversidad, de los ecosistemas o la deforestación están ligados a la salud humana, según Ribera y Neira durante un encuentro virtual.
Neira, por su parte, en declaraciones a EFE ha manifestado la necesidad de repensar las ciudades, hacerlas para las personas y no para los vehículos con el fomento del transporte sostenible y el uso de la bicicleta.
Por su parte, Isabel Marín Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Salud Ambiental (SESA) y miembro de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), ha señalado a EFE que “la repercusión multifactorial del cambio climático ha dejado de ser una amenaza para pasar a ser una certeza”.
Ha señalado que las sociedades de salud pública españolas y de todo el mundo han firmado la carta al G20 como un llamamiento a los líderes mundiales “para que la economía tenga una base más resiliente y como un compromiso a bajar las emisiones de carbono con el fin de lograr una recuperación más limpia y ecológica”.
“Sabemos de la presión que hay pero debemos ser concientes que la recuperación debe hacerse de forma sostenible y que no dañe ni al medio ambiente ni a las personas”, según Marín Rodríguez.
