El presidente y portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juantxo López de Uralde, ha presentado esta pregunta en el Congreso, en nombre de su grupo parlamentario, en la que también se interesa por las acciones que emprenderá el Gobierno “si el proceso de modernización en 2021 no consigue hacer compatible el TCE con el Acuerdo de París”.
En una nota de prensa, López de Uralde recuerda que en diciembre del año pasado, en respuesta a otra pregunta parlamentaria, el Gobierno reconoció que el TCE “no es actualmente compatible con el Acuerdo de París, firmado en 2015, ni con el reciente Pacto Verde Europeo, ni con el objetivo de neutralidad climática antes de 2050”.
La alternativa, salir del Tratado
Añade que dos semanas antes, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, “declaró que si el actual proceso de modernización del TCE fracasa a la hora de alinearlo con el Acuerdo de París, la única alternativa seria la salida del Tratado”.
“España participa en el proceso de modernización” del TCE con el objetivo de alinearlo con su ambición de descarbonización y el Acuerdo de París”, señala el diputado en una nueva pregunta, donde recuerda que entre las principales reformas se encuentra la definición de la actividad económica del sector energético, que contempla “excluir la protección de las futuras inversiones en combustibles fósiles de las actividades protegidas” por el Tratado.
Sin embargo, asegura que este punto “no se ha incluido en ninguna de las tres rondas de negociación transcurridas en 2020 debido a la oposición de algunos países y a que el proceso se ha extendido en cuatro rondas más en 2021 sin una fecha clara de finalización”.
Según el diputado, recientemente se ha sabido que la Comisión Europea “no tiene intención de revisar” la propuesta de octubre de 2020 para modificar la definición de actividad económica en el sector energético, ignorando así las aportaciones de algunos estados miembros -entre ellos ESpaña- como excluir el gas de la protección de inversiones del Tratado o “reducir los niveles de emisión de 500 a 100 gramos de CO2 por kilowatio de electricidad”.
Unidas Podemos recuerda además que países como Holanda “están siendo amenazados con demandas de inversores extranjeros bajo el TCE por implementar medidas de descarbonización para alinear sus políticas con el Acuerdo de París” y pregunta si España podrá ser objeto de este tipo de “amenazas de demanda o demandas” auspiciadas por si pertenencia al Tratado.
