Tras la histórica decisión de la Corte Constitucional de Ecuador de despenalizar el aborto en casos de violencia sexual el pasado 28 de abril, la Asamblea Nacional se enfrenta al desafío de aprobar una «ley justa y reparadora» para que el acceso sin revictimización para las niñas y mujeres que lo soliciten pase del papel a la realidad.
Eso es en lo que ha venido trabajando arduamente el movimiento de mujeres durante los últimos años y que espera que se cristalice antes de que termine el 2021.
«Es importante que esta ley ponga en el centro a las mujeres. Que permita el acceso a los servicios de salud y que no le ponga trabas administrativas ni de ninguna naturaleza a las niñas, mujeres o personas con capacidad de gestar», señala a Efeminista la oficial de programas para Ecuador de Planned Parenthood Global, Paulina Ponce.
La sentencia de la Corte y la construcción de esta ley llegan en un momento preocupante, asegura Ponce, pues durante el proceso de incidencia que han hecho las organizaciones para lograr la despenalización se ha desvelado «el grave problema de la violencia sexual que ha estado oculto por mucho tiempo» y la criminalización de niñas y mujeres que han decidido abortar.
Datos oficiales dan cuenta de que en el país siete menores de 14 años dan a luz cada día. Y en el último año, las denuncias por el delito de violación superan las 6.200. Además, unas 120 mujeres y niñas han sido procesadas por abortos en la última década.
La victoria ante la Corte Constitucional
Dos meses después, el aborto por violación no se aprobó en el Parlamento y en noviembre de 2020, Surkuna y otros colectivos y representantes de la sociedad civil se sumaron a lo que ya había hecho Fundación Desafío en 2019 y presentaron otras seis acciones de inconstitucionalidad en contra del numeral 2 del artículo 150 del Código Penal, que solo permitía la interrupción del embarazo a las mujeres con discapacidad mental que habían sido violadas.
«El tema del aborto siempre ha sido una moneda de cambio. No sé cuándo va a tener prioridad y va a estar limpio de intereses particulares. Por eso la única alternativa que teníamos era la Corte Constitucional», asegura la presidenta de Fundación Desafío.
En su sentencia, la Corte señala que el embarazo forzado, la penalización del aborto por violación y la negativa de brindar asistencia a las niñas, adolescentes y mujeres en esta condición «vulneran sus derechos y pueden constituir una forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante».
Asimismo afirma que la imposición de una sanción penal no evita que las mujeres violadas aborten. «No existen evidencias reales ni objetivas de que la criminalización de esta conducta constituya una medida persuasiva. Al contrario, la medida promueve que se realice por parte de muchas mujeres en la clandestinidad y con procedimientos de alto riesgo que ponen en peligro su salud y su vida».
Nunca más una mujer o niña violada podrá ser criminalizada por abortar tras este fallo.
«Por esto el debate en la Asamblea ya no es sobre un tema penal, como mucha gente ha malinterpretado, sino es sobre cómo se va a acceder al procedimiento», aclara Ana Vera.
El camino para alcanzar la despenalización
Pero el fallo de la Corte Constitucional no ha llegado solo. Es el resultado de un largo camino lleno de obstáculos que ha tenido que sortear el movimiento de mujeres en los últimos 10 años.
«Son las valientes organizaciones ecuatorianas las que han hecho posible esto, las que han estado llevando la evidencia», destaca Ponce.
«Algunas mujeres han hecho más acciones callejeras, poniendo el cuerpo, tomándose la calle, otras han hecho trabajo de incidencia, otras más trabajo legal de asesoramiento o en la lucha por la despenalización social», cuenta la directora ejecutiva de la organización Surkuna, Ana Vera.
La abogada confiesa que ha sido una «época compleja» porque a pesar de que hay múltiples recomendaciones internacionales de comités de derechos humanos sobre la despenalización del aborto por violación, «en Ecuador es difícil construir un camino de derechos humanos para las mujeres, sobre todo para las personas gestantes y para las niñas, porque existen muchos estereotipos de género».
Los debates políticos que se han producido sobre este tema en años anteriores, asegura, no se han basado en un análisis de los derechos humanos. «Esto nos ha llevado a ir generando nuevas estrategias y replantearnos las luchas y lo que hacemos para llegar al objetivo que es que el aborto deje de ser un delito penal en todo el Ecuador».
Publicar informes sobre la realidad que viven las niñas, adolescentes y mujeres ha sido una de las estrategias que más ha funcionado. «La investigación ‘Vidas robadas’ marcó un cambio cualitativo en lo subjetivo. La sociedad se enteró de que las niñas son violadas«, cuenta la presidenta de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre.
En el estudio, publicado en 2015, se determinó que de 10 víctimas de violencia sexual en Ecuador, 6 eran niñas y adolescentes. Sin embargo, solo el 10 % de los casos se había denunciado. Además, unas 2.000 menores de 14 años daban a luz cada año.
Llevaron esa evidencia sobre maternidades forzadas a la Asamblea previo al debate de reformas al Código Penal, en 2019, para incluir a la violación como una causal más de aborto legal. «Aunque el escenario era algo prometedor, nosotras no confiábamos en las autoridades y por eso pusimos la primera demanda de inconstitucionalidad en julio de 2019«, recuerda Gómez de la Torre.
La despenalización social
La visibilización de lo que viven las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual ha permitido también que en las calles y en las casas cambie el imaginario sobre el aborto y su criminalización.
Según una reciente encuesta, el 69 % de los ecuatorianos consultados apoyan el aborto legal cuando el embarazo es resultado de una violación a una mujer o niña, seis puntos más que el porcentaje reportado en 2012.
«Hemos podido cambiar poco a poco la narrativa y colocar en la agenda estos temas. Hemos contado historias bastante humanas, le hemos dado rostro a las cifras para que las audiencias sientan empatía con las niñas y mujeres», explica Sinchi Gómez, quien desde el medio comunitario Wambra ha publicado sobre maternidad forzada, acceso a salud sexual y criminalización del aborto.
Sinchi explica que la audiencia de Wambra es joven y diversa, especialmente de comunidades, lo que les permite llegar con estas temáticas a sitios en donde no se habla. «En el tema de aborto las afrodescendientes son las más denunciadas», señala, por lo que que tengan cada vez más acceso a información segura sobre cómo actuar y a quién acudir en estos casos es valioso.
Pero también, afirma, las investigaciones que han publicado han servido como insumo para alimentar el debate. «En 2018, el defensor del pueblo llevó impreso uno de nuestros especiales periodísticos a la Comisión en la cual se estaba debatiendo la reforma al Código Penal y lo enseñó a los asambleístas», recuerda.
El enfoque con el que los medios tradicionales cuentan estas historias, asegura, también se ha modificado con el pasar de los años.
Un acceso real al aborto por violación
El movimiento de mujeres ha sido enfático en señalar que el acceso al aborto, que ya es legal en casos de violación, debe ser lo más sencillo posible para que no haya revictimizaciones. Esto pasa por evitar que se solicite una denuncia a las víctimas y que se ponga una semana gestacional específica como límite.
«¿Por qué? Porque las principales víctimas de violación en este país son las menores de 14 años y generalmente los violadores son las personas de su entorno familiar. Muchas veces no saben bien qué es lo que pasa. Nunca han tenido una menstruación. No pueden reconocer sus cambios corporales como propios de un embarazo», explica Ana Vera, quien ha acompañado legalmente a más de 20 niñas y mujeres para que accedan a un aborto tras la sentencia.
Las niñas, agrega Vera, se dan cuenta de que están embarazadas después de la semana 17 o 18, «cuando ya tienen físicamente una panza». «Y por eso es importante que ellas puedan interrumpir su embarazo en cualquier momento y que se garanticen métodos seguros y adecuados para hacerlo».
Otras viven en sitios lejanos donde les niegan estos servicios o les dilatan la atención. «Nos hemos dado cuenta de que el sistema de salud no está capacitado ni mucho menos sabe que es legal el aborto por violación. Eso es una barrera de acceso», menciona Vera.
«Nuestras cifras de acompañamiento desmienten mitos asociados al aborto que existen en la sociedad. Es común escuchar que hay que poner requisitos duros porque si no todas van a correr a abortar. Y eso es falso. Nosotras damos el servicio de forma gratuita y solo hemos recibido 23 casos en más de seis meses. Para nosotras es difícil hablar de violencia sexual», explica la directora de Surkuna.
En cinco de los casos que Surkuna acompañó, las víctimas decidieron hacerlo por la vía privada después de que en el sistema público les pidieron una denuncia o las revictimizaron. «Esta asamblea tiene la posibilidad de hacer que para las mujeres y las niñas víctimas de violencia sexual el aborto sea una opción real«, agrega la abogada.
«No se puede penalizar un procedimiento médico»
El médico investigador Esteban Ortiz dice que el aborto es un tema de salud pública que debe tratarse como tal. «En el 2019 se practicaron 17.000 abortos en Ecuador, por lo que esto requiere la atención de las autoridades sanitarias».
Ortiz agrega que la penalización de un procedimiento médico viola la Constitución pues «ahí se señala que todos tenemos derecho al acceso a la salud». Además, afirma que la criminalización afecta sobre todo a niñas y mujeres pobres.
«Una mujer o niña violada debería recibir atención médica oportuna, gratuita y segura en todo el territorio nacional. El problema es que el Estado no garantiza eso y las obliga a mantener un embarazo que no desea y que pone en riesgo su vida porque el parto tiene más probabilidades de terminar en una complicación que un aborto», sostiene el especialista en salud pública.
Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Ecuador pierde 443 millones de dólares debido a embarazos no deseados. Además, el país gasta cerca de $5 millones por año en brindar atención a complicaciones relacionadas con abortos inseguros. Un aborto no punible tiene un costo para el Estado de $160, mientras que atender las consecuencias de un aborto inseguro le cuesta al Estado $232, ha registrado Human Rights Watch.
«Es importante que Ecuador pueda registrar la mifepristona, que es otro medicamento que hace posible que el aborto sea un procedimiento digno, respetuoso y responsable«, añade Paulina Ponce, de Planned Parenthood Global.
El debate parlamentario de la ley
Otro de los temas que se discute dentro de la Comisión parlamentaria es el de la objeción de conciencia de los médicos.
«Respetamos que la gente la tenga, pero no puedes tener un derecho como el que la objeción de conciencia peleando con el derecho del acceso a la salud. Si la mujer vive en un lugar donde todos objetan y no hay más médicos, tendrá el Estado que garantizar la atención médica», advierte Ortiz.
A las organizaciones les preocupa que los legisladores no comprendan la realidad que viven las niñas y mujeres en distintas partes del país. Una prueba de ello, dicen, es un proyecto de ley presentado por otro asambleísta que lo que plantea, asegura Virginia Gómez de la Torre, «es derogar el aborto terapéutico».
«El proyecto dice que las mujeres podrán abortar siempre y cuando no aparezca el latido fetal, que es a las cinco o seis semanas. Es una propuesta regresiva y cruel del machismo de la sociedad y puede convertir a la ley en una trampa», sostiene. El protocolo de aborto terapéutico que rige para las otras causales no fija un límite de acceso gestacional.
Sin embargo, para el abogado y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, la ley de aborto por violación que apruebe la Asamblea no puede irse en contra de los estándares ya dictados por la Corte Constitucional.
«Esto podría incluso acarrear otro tipo de sanciones como la destitución de los legisladores, con lo cual a mí sí me preocupa que al interior de la Asamblea se esté considerando un escenario de incumplimiento del mandato de la Corte», menciona.
Alarcón agrega, además, que la Asamblea tampoco puede pasarse del plazo establecido en la sentencia para aprobar esta ley. «Los plazos son fatales y el país debería tener una ley sobre la base de los estándares y los parámetros dados por la Corte Constitucional el próximo 28 de diciembre«.
